Tras la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, la Cámara de Diputados debatirá este miércoles el financiamiento de las universidades públicas y el Fondo de Incentivo Docente (FONID). La oposición pondrá el foco en el ajuste presupuestario y el oficialismo intentará correr el eje a la necesidad de realizar auditorías.
La sesión especial fue pedida por Unión por la Patria, que confía en conseguir el quórum necesario para tratar los temas en el recinto. “Contundente y masiva manifestación popular en defensa de la Universidad Pública en todo el país. El próximo paso es que los diputados y diputadas que se pronunciaron a favor y den quorum para garantizar el financiamiento universitario”, planteó Germán Martínez, el presidente del bloque.
De la oposición dialoguista, solo los diputados que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes confirmaron su asistencia. El resto, aun habiendo participado de las movilizaciones, hasta última hora mantenían la decisión de no bajar al recinto.
Sin embargo, en el kirchnerismo creen que la contundencia del mensaje en las calles, llegó, incluso, al oficialismo y sus aliados incondicionales. “Aunque resulte increíble después de la marcha de hoy, la oposición dialoguista aún no confirmó si dará quorum. La presión social es clave”, escribió el diputado Leandro Santoro, en su cuenta de la red social X.
El debate por el financiamiento y las auditorías
El vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró el recorte del 70% que el Gobierno hizo sobre el presupuesto universitario cuando empezaba a gestarse la marcha a favor de las casas de altos estudios y cuando el reclamo de los rectores tomaba fuerza, publica Infobae.
Semanas después, en un intento por desactivar la movilización, el Ministerio de Capital Humano anunció un aumento del 70% en el presupuesto universitario de mayo, que se sumó al 70% ya otorgado en abril. Dijo que había sido acordado con las universidades, pero rápidamente salieron a desmentirlo y a aclarar que ese incremento solo alcanzaba a los gastos de funcionamiento, que representan apenas el 10% de los gastos totales.
Según explicó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el anuncio es para “subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades”, que “representan solo el 10% del presupuesto universitario”, mientras que “el otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, comparados con la inflación”.
El día previo a la marcha, el Gobierno informó que había realizado las transferencias con los aumentos anunciados e intentó dar por saldado el tema, pero la respuesta fue una movilización multitudinaria en distintos puntos del país.
Ahora, con el tema instalado en la sociedad, el oficialismo intentará llevar el debate a la resistencia de las autoridades universitarias a ser auditadas. “Nadie en el gobierno cuestiona ni la educación pública superior, ni su financiamiento. Solo se quiere auditar, controlar, chequear si los impuestazos que pagan los laburantes realmente van a la educación o es parte del curro de la política”, dijo el diputado ahora oficialista, José Luis Espert.
El debate por a quién le corresponde auditar, sí quedó saldado. La Auditoría General de la Nación (AGN) advirtió que es “el órgano con competencia para realizar el control externo de las universidades nacionales”, tras el intento del Gobierno nacional de encargarse de revisar los números.
En este contexto, el peso de las definiciones respecto del financiamiento recaerá este miércoles en la Cámara baja. Según un posteo compartido por Sergio Massa, la ejecución presupuestaria del Programa Desarrollo de la Educación Superior cayó del 0,73% del PBI en 2023, al 0,22% en 2024, sumando en el cálculo de este año la actualización anunciada del 70% de la partida de asistencia financiera para gastos de funcionamiento y el PBI nominal proyectado. Allí intentará llevar la discusión la oposición.
