Desde el Ministerio de Salud de la Nación anunciaron ayer que desde el 1 de julio será obligatoria la implementación de la receta electrónica en todo el país, a través de la reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23.
Hugo Navarro, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santiago del Estero, desconfió en que “más allá del decreto, esto sea de implementación tan rápida en el contexto del país”, en diálogo con Nuevo Diario.
“Tal vez en las grandes capitales se pueda hacer más rápida la implementación, pero creemos que llevará un poquito más de tiempo”, analizó Navarro, quien se mostró a favor de la aplicación de esta medida.
Según justificaron desde la cartera sanitaria nacional, el objetivo de esta iniciativa apunta a “mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud a los ciudadanos, a través de la eficiencia y la seguridad, facilitando la identificación de los profesionales que prescriben medicamentos”.
El presidente del Colegio de Farmacéuticos insistió en que “es factible que en algunos lugares todavía tenga que seguir coexistiendo la receta física con la virtual”.
Navarro, en representación de sus colegas, admitió que “vemos con buenos ojos la implementación de la receta electrónica” porque “es una forma de transparentar la dispensa de medicamentos”, “mejorar el acceso” y “optimizar los recursos de los financiadores del sistema de salud”.
“Creemos que por la diversidad de infraestructuras de nuestro país, donde hay lugares en los que médicos tienen sus consultorios sin acceso a Internet, esto puede generar algún tipo de complicación: para estas prescripciones electrónicas tienes que tener acceso a la web para poder publicarlas”, desarrolló el entrevistado.
La implementación de la receta electrónica será obligatoria en todo el país desde el 1 de julio, mediante la coordinación con las autoridades jurisdiccionales competentes y los organismos con incumbencia en la materia.
Cuando resulte necesario, corresponderá a las autoridades jurisdiccionales promover el dictado de las leyes de adhesión jurisdiccional que contemplen los cambios en las respectivas leyes de ejercicio profesional y sus regímenes sancionatorios.
“Es un sistema que garantiza el acceso al medicamento con una calidad mayor, en el sentido de que no hay problemas en lo que hace a la interpretación de las recetas y, también, transparenta la dispensa del medicamento. Es una forma de optimizar para que no haya desvíos de recursos en la seguridad social. Lo vemos con buenos ojos”, concluyó el presidente del Colegio de Farmacéuticos.
