Leandro Kahn (*)
En Argentina, 122 mil personas viven con HIV y el 30% de ellas no lo sabe. De las personas que conocen su serología, el 81% se encuentra en tratamiento y, de ellas, 7 de cada 10 se atienden en el sistema público de salud.
Nuestro país cuenta desde los 90 con distintas leyes que garantizan el acceso al tratamiento contra el HIV de manera gratuita y universal para todas las personas que viven con el virus. Aquellas que tienen obras sociales o prepagas son cubiertas por estas instituciones, y quienes no cuentan con estas coberturas, son contempladas por el Ministerio de Salud de la Nación. Hoy, según Onusida, Argentina tiene la cobertura de tratamiento contra el HIV más grande de Latinoamérica. Sin embargo, hace una semana un comunicado de la Dirección de SIDA y ETS del Ministerio advirtió que, debido a “distintas dificultades en el proceso de compra”, 4 de los más de 20 medicamentos que compra el Ministerio iban a estar en falta. Entre ellos la Zidovudina, jarabe que se utiliza para evitar la transmisión del HIV a bebés recién nacidos. Días más tarde, a partir del reclamos de la sociedad civil, el Ministerio de Salud de la Nación explicó en un tuit que esto se debía a los “tiempos habituales de habilitación presupuestaria”. Es decir, una demora administrativa.
Luego de una semana de incertidumbre e información a cuenta gotas, llegaron los comunicados anunciando que el problema está resuelto. Mientras tanto, aquellos que no cuentan con obra social ni prepaga, pasaron días amargos. Claro que los tratamientos y las drogas pueden reemplazarse por otras disponibles, pero esto tiene un costo y no es un margen con el que se pueda contar. Tomar la medicación día a día, constituir una rutina y un compromiso con el tratamiento les permite a las personas con HIV controlar el virus y tener una buena calidad de vida. Esto implica un gran esfuerzo de parte de cada paciente (el mismo que se hace cuando se pide un día en el trabajo para ir a buscar la medicación o realizar los controles) y cambiar esquemas puede poner en peligro la adherencia al tratamiento.
La administración, la burocracia, los tiempos, existen gracias a personas que planifican circuitos y plazos estimados. Personas iguales a las que esperan, en la farmacia del hospital, recibir su medicación mes a mes. Así, como detrás de cada estadística hay personas, detrás del sistema de salud también. Las demoras, los presupuestos, las compras pueden preverse, no pueden sorprendernos. Dejar que esto suceda es poner en crisis una historia de derechos adquiridos.
Las personas con HIV, las organizaciones sociales y los profesionales de la salud, quienes hace más de tres décadas venimos peleando por el acceso al tratamiento universal y gratuito, el acceso al testeo, derechos laborales, la no discriminación, entre tantas otras luchas que tuvimos que dar y seguimos dando, no podemos concebir la idea de que nuestras conquistas dependan de descuidos administrativos. Por eso, cada vez que un derecho corra riesgo de ser vulnerado, el reclamo no tardará en ser escuchado.
Hoy el inconveniente está saldado. Celebramos que el Ministerio de Salud de la Nación cumpla con sus funciones. También entendemos que esto responde al llamado de atención que, colectivamente, supimos dar a tiempo.
Desafortunadamente, experiencias como estas hemos vivido más de una vez: algunas pasaron desapercibidas, otras fueron visibilizadas. Dar a conocer, saber qué está realmente pasando, pone a toda la sociedad frente a la disyuntiva de dejar que pase o reclamar para que no siga pasando. Hoy y siempre exigimos que nuestros derechos se cumplan.
(*) El autor es director ejecutivo de la Fundación Huésped.