por Mario Lozano

En el año del centésimo aniversario de la reforma universitaria, que sentó las bases de la democratización de la educación superior, y en vísperas de los 70 años del establecimiento de la gratuidad de la educación superior, el Gobierno anunció (aunque aún no lo implementó) lo que puede ser un duro golpe a las universidades públicas, el recorte de 3 mil millones de pesos en el presupuesto de este año. Golpe que llega en un contexto de lucha gremial por las paritarias del sector, el recorte en becas e incentivos a los estudiantes y el tarifazo que achica significativamente los recursos de cada institución.

Las más perjudicadas son las universidades más nuevas, tanto del conurbano bonaerense como del interior profundo de la Argentina. Nacieron como parte de una política pública de acceso a la educación durante el kirchnerismo y hoy sufren la estigmatización por parte de Cambiemos, la disminución constante de los recursos para su funcionamiento en el marco de un ahogo financiero al utilizar la mayor parte de sus recursos a pagar los salarios docentes y a cubrir los aumentos de tarifas. Para dar ejemplos, la universidad de Moreno aumentó más de 1.700 por ciento su gasto en electricidad o la universidad de Lanús que debió pautar 10.54 millones para pagar el mismo servicio de todo el año.

A eso se suma el reclamo de mejoras salariales para los docentes universitarios frente a la decisión del Ministerio de Educación de sostener la propuesta del 15 por ciento de aumento, en cuatro cuotas y sin cláusula gatillo, basados en pronósticos de inflación que nadie cree en este contexto de devaluación y crisis de política económica y monetaria.

El panorama se completa con un recorte de las becas dirigidas a estudiantes en los últimos dos años. Según un informe de Conadu, las becas para carreras prioritarias disminuyeron de 39.715 en 2015 a 29.520 en 2017; y las destinadas a estudiantes de bajos recursos cayeron, en el mismo período, de 23.019 a 14.985. La misma investigación apunta que la inversión en el sector llegó al “nivel más bajo desde 2011”: mientras la participación universitaria sobre el total del presupuesto del país creció del 0,55% en 2006 al 0,86% en 2015, en 2016 disminuyó al 0,79 por ciento.

Recientemente, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal verbalizó lo que las acciones de este gobierno neoliberal demuestran. Al sentenciar que las personas que nacen en la pobreza no llegan a la universidad pública, Vidal ignora el rol de movilidad social que las universidades del conurbano tienen para miles de familias bonaerenses, cuyos hijos son primera generación de universitarios, y suma otra señal de alerta de hacia dónde quieren dirigir el ajuste.

Además, habla desde sus prejuicios y no desde lo que indican los datos. Entre los habitantes del Gran Buenos Aires, entre 2008 y 2015, el número de estudiantes provenientes de hogares de menores ingresos (quintil 5 y 4) aumentó un 74% mientras que los provenientes de hogares de mayores ingresos (quintil 1 y 2) aumentó sólo un 24%, reflejando el rol que cumplen las universidades públicas en la inclusión social.

En este contexto crítico y de cara a un acuerdo con el FMI, es necesario resistir estas medidas para que el ajuste no lo paguen los docentes con sueldos por debajo de la inflación, los estudiantes que abandonan las aulas frente a la falta de recursos, y las universidades que en los últimos años garantizaron el derecho a la educación a miles de pibes y pibas del conurbano.

*El autor es exrector de la Universidad Nacional de Quilmes, creada en 1989.