Hubo ironías el miércoles pasado en el Congreso: lo que no se logró en años de declamar la necesidad de “unidad del movimiento obrero” lo pudo el gobierno de Mauricio Macri en sus primeros 100 días: reunir a las cinco centrales sindicales de la Argentina.

En efecto, las tres ramas en que está dividida la CGT (Azopardo, Alsina y Azul y Blanca) y las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) confluyeron con 40 legisladores de todos los bloques no oficialistas en un encuentro para avanzar en reformas al impuesto a las Ganancias, pero que terminó siendo una catarsis en torno a los despidos en el sector público y privado.

El acuerdo de este vasto sector opositor (massismo, kirchneristas, PJ disidente, centroizquierda e izquierda dura también) con el sindicalismo, fue para arrancar con una agenda que no sólo incluya Ganancias —hace tiempo, principal reclamo sindical— sino ahora también, medidas para frenar despidos (como la doble indemnización que rigió de 2002 a 2004), atender la situación de pymes y jubilados, entre otras.

Esta movida en el Congreso recién empezaba, cuando el Gobierno avanzó en su propia agenda con el anuncio del tarifazo en servicios públicos y del transporte, duramente criticado.

Si se terminará con esto la “luna de miel” con el gobierno macrista, es muy pronto para decirlo. El presidente sigue contando con amplios niveles de aprobación, de 55 a 65% en promedio, según distintos estudios de opinión pública. Habrá que ver cómo evoluciona esta ponderación cuando deban empezar a pagarse con salarios viejos, sin actualizar por paritarias, el nuevo impuestazo.

Un importante referente del PRO expresó que no tienen ninguna intención de hacer más cambios en Ganancias este año. En términos de ortodoxia económica, explicó que implicaría seguir emitiendo moneda para financiar gasto público y que el objetivo prioritario del Gobierno es bajar la inflación.

El Gobierno parece dispuesto a pagar costos políticos ahora —y esto incluye los despidos en el sector público— esperando que las cosas mejoren en el segundo semestre. Si esto no sucede, podría rápidamente abrirse un escenario de conflictividad sindical, y social.

Los datos de la encuesta del Observatorio Social de la UCA sobre pobreza prendieron la alerta amarilla: si ya la herencia era pesada (29% que dejó el gobierno anterior), en los últimos meses, por causa de la devaluación otro 1,4 millón de argentinos cayeron en la pobreza. Y estas cifras no contabilizaron aún las consecuencias de los despidos recientes ni del inminente tarifazo.