El gobierno de Macri cumplió cinco meses de gobierno el 10 de mayo, con una crisis en su estrategia política que se hace evidente tanto en la pérdida del control del Congreso como en el de la calle. La aprobación de la “ley antidespidos” en el Senado por 48 a 16, tras anunciar el presidente que la vetaría, puso en evidencia la crisis en la relación con los gobernadores, cuya influencia es decisiva en la Cámara Alta. Ellos sostienen que el Ejecutivo no ha incumplido el acuerdo alcanzado en marzo antes de la aprobación del acuerdo con los holdouts, por el cual se acordó la devolución de los fondos de coparticipación retenidos tras la estatización de las AFJP. El acuerdo contemplaba la devolución en cuotas de lo adeudado a lo largo de cuatro años. Pero el Ejecutivo no dio inicio al cumplimiento de este acuerdo. A ello se agregó la reducción de las transferencias a provincias y la suspensión de obras públicas. Ello —más la inflación de abril— explica por qué en menos de un mes el gobierno de Cambiemos pasó de imponerse en el Senado por 54 a 16 a fines de marzo en el acuerdo con los holdouts a ser derrotado de la misma manera a fines de abril. El Ejecutivo ha decidido reiniciar la negociación con los gobernadores, que también han dejado en suspenso la votación en el Senado de los candidatos de Macri para la Suprema Corte y han dado media sanción al proyecto que somete a autorización legislativa nuevos endeudamientos del Gobierno nacional. La “tregua laboral” firmada por el Gobierno con medio centenar de empresarios para impedir despidos por tres meses, no parece suficiente para impedir que la oposición avance con la “ley antidespidos” en Diputados.
Mientras Diputados avanza esta semana con la “ley antidespidos”, el Ejecutivo cumpliría el acuerdo incumplido con los sindicatos, para devolverles los fondos retenidos por el kirchnerismo. Macri dio a los sindicatos el control de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y en febrero se llegó a un acuerdo con los sindicatos para devolverle en cuotas esos fondos, el que no se cumplió todavía. Ello incidió en impulsar la movilización de las cinco centrales sindicales reclamando al Gobierno por la inflación, el empleo, la modificación de las escalas del impuesto a las ganancias, etc. Esta demostración de fuerza puso en evidencia que el oficialismo ha perdido el control de la calle como ámbito de expresión política. El fin de semana, el titular de la SSS (Scervino) —un hombre vinculado al sindicalismo— dijo que se volcarán a la salud los 30.000 millones de pesos retenidos por el kirchnerismo a las obras sociales. Es una señal de que el Ejecutivo comenzará a cumplir el acuerdo demorado. Ello abre la posibilidad de un acuerdo que modere la “ley antidespidos” en Diputados, como están negociando Massa y los sindicatos, pese a la inflexibilidad del kirchnerismo que insiste se apruebe el mismo acuerdo votado en Senadores. Por su parte, el Episcopado esta semana hará público un documento con motivo del Bicentenario de la Independencia, en el cual pondrá énfasis en reclamar por la situación social, coincidiendo con la posición de los sindicatos. Pero el inicio de la devolución de fondos no ha sido suficiente para que los sindicatos se sumen a la “tregua laboral” firmada con los empresarios.
Frente a los problemas de seguridad pública que son crecientes, el oficialismo ha decidido aumentar el flujo de fondos de esta área, que había reducido en el primer trimestre. La seguridad federal tuvo una fuerte subejecución en el primer trimestre —no llegó a gastarse en tres meses el 10% del total autorizado para el año— y ahora la política cambia. No sólo se acelera la ejecución, sino que se destinan 1.676 millones de pesos adicionales para reequipamiento.
Se busca, además de hacer más eficiente el área, acallar el descontento que se percibe en las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria), en momentos que avanza la droga y crecen las protestas sociales.
Es la misma política que comenzó a desarrollar en abril la gobernadora Vidal, que destinó otros 1.600 millones de pesos a reequipar la policía provincial, cuyos efectivos, son casi los mismos que todas las fuerzas de seguridad federales sumadas.
En este ámbito, delegados de los agentes policiales y penitenciarios participan en la asamblea convocada por los gremios estatales bonaerenses para reclamar por los salarios, que se realiza esta semana.
Mientras el Gobierno flexibiliza el flujo de fondos hacia gobernadores, sindicatos y fuerzas de seguridad intenta moderar el avance de los juicios de corrupción que afectan al kirchnerismo.
El ministro de Justicia (Garavano), en un reportaje en el diario Perfil del sábado 7 de mayo, exhortó a jueces y fiscales a ser “muy prudentes y no sobreactuar” y dijo que “no es bueno para un país tenga una ex presidenta presa”. Esta afirmación refleja la posición de un sector del oficialismo que sostiene esa idea y que en todo caso cree que una eventual detención de Cristina sería conveniente recién cerca de la elección del año próximo.
Pero las investigaciones judiciales han tomado una dinámica propia, que hoy escapa al control del Gobierno, influyendo en ello tanto los “Panamá Papers”, como las investigaciones en Brasil, los excesos del kirchnerismo y las diferencias e incluso luchas internas que las investigaciones desatan tanto dentro del oficialismo como en la oposición.
Macri dijo el domingo 8 de mayo que “se terminó el tiempo en que la obra pública sólo estaba ligada a la corrupción”, al anunciar que un plan de obras será prioritario para reactivar la economía. La afirmación del ex ministro De Vido —que evitó su allanamiento escudándose en el fuero parlamentario— de que a Báez le fueron adjudicadas diversas obras durante el kirchnerismo en asociación con un primo de Macri (Calcaterra), quien anunció ahora que venderá su empresa muestra que las proyecciones de las investigaciones sobre el kirchnerismo pueden expandirse. En el peronismo asumió una nueva conducción transitoria encabezada por un ex gobernador (Gioja) —sin presencia protagónica de La Cámpora— y Cristina prepara una nueva aparición en mayo, la que sería en el conurbano (Avellaneda).
En conclusión: tras la derrota de Cambiemos en el Senado, la Casa Rosada comienza a atender el reclamo de los gobernadores por el demorado acuerdo para la devolución de los fondos retenidos de coparticipación por el kirchnerismo; en la misma línea, da señales de que cumpliría el acuerdo con los sindicatos para la devolución de los fondos retenidos por Cristina de las obras sociales, el que también esta demorado; en el área de seguridad, el Ejecutivo ha decidido acelerar la ejecución presupuestaria y dar fondos especiales para reequipamiento, para mejorar la eficiencia y calmar tensiones, como está haciendo la gobernadora Vidal y un sector del Gobierno intenta moderar el avance de las causas de corrupción que afectan al kirchnerismo, pero también a algunas figuras próximas al oficialismo, pero no está claro que lo logren.