El aumento del precio de los productos de tabaco vía impuestos es la medida individual más efectiva para reducir el tabaquismo y su impacto sanitario, económico y social. Se trata de una política que recientemente entró en la agenda de nuestro país, ya que el 2 de mayo pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto 626/2016, el cual establece un aumento de los impuestos internos a los cigarrillos del 60% al 75% y que estará vigente hasta diciembre de este año.
Si bien desde FIC Argentina consideramos que esta medida es un buen avance, alertamos sobre la necesidad de que se sancione una ley que, además del aumento, incluya una serie de requisitos indispensables para garantizar la eficacia de la medida fiscal en la protección de la salud y asegurar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
En este sentido, y en el marco del Día Mundial sin Tabaco que se celebró el 31 de mayo, junto a más de 40 organizaciones y coaliciones, lanzamos una declaración conjunta donde, por un lado, apoyamos el reciente decreto y, por otro lado, solicitamos a las autoridades de Gobierno la pronta sanción de una ley nacional que garantice la reducción efectiva y progresiva del tabaquismo en los fumadores actuales y la prevención de la iniciación al consumo de tabaco en los niños.
Para ello, consideramos que uno de los aspectos que debe garantizar la normativa es que el aumento de los impuestos al tabaco se traduzca en una suba significativa de los precios de los productos de tabaco y que este incremento busque, además, disminuir la diferencia de precios entre las marcas. Tras la entrada en vigencia del decreto 626/2016, la brecha de precios entre las marcas de cigarrillos más baratas y las más caras aumentó del 50% al 84%. Con un margen tan amplio, los fumadores se vuelcan hacia los cigarrillos más baratos y esto reduce el impacto sanitario de la medida. Es por eso que consideramos necesario aplicar un impuesto específico (es decir, un monto fijo por paquete) que logre reducir la brecha de precios entre marcas y no sólo un aumento del porcentaje de los impuestos.
A su vez, desde las organizaciones consideramos que una ley de impuestos al tabaco debe contemplar la implementación de ajustes periódicos y programados que compensen los efectos de la inflación y sobrepasen el crecimiento del ingreso para evitar que los impuestos se licúen y el precio real de los cigarrillos caiga.
Otro de los requisitos que destacamos en nuestra declaración es que la normativa debe contemplar a todos los productos de tabaco y no solamente a los cigarrillos. El decreto 626/2016 solo aumentó el impuesto a los cigarrillos mientras que los impuestos a los productos alternativos son muy bajos (entre el 16% y el 20%) en comparación con los impuestos que gravan a los cigarrillos. En este escenario, se corre el riesgo de que los fumadores sustituyan el consumo por otros productos más accesibles como tabaco para armar, cigarritos, cigarros, entre otros, lo cual atenta contra el objetivo de esta medida que es reducir el consumo de toda forma de tabaco.
Hay otro eje fundamental que estamos resaltando y es que la medida de aumento de los impuestos al tabaco debe estar acompañada por una activa política de control y fiscalización por parte del Estado que asegure la protección de su recaudación y brinde datos fidedignos de volumen de ventas y comercio ilegal. Este punto cobra mucha relevancia ya que hoy en día esta información es manejada exclusivamente por la industria tabacalera quien, para frenar la implementación de la medida fiscal, utiliza como principal argumento el supuesto aumento del comercio ilícito de los productos de tabaco.
Esta industria manipula la información que tiene a disposición con el objetivo de atemorizar al gobierno y boicotear la medida. Para ello, utiliza argumentos falaces, que no cuentan con ningún tipo de respaldo y son fácilmente rebatibles. La misma industria tabacalera, por ejemplo, habla de la expansión del comercio ilícito cuando ella misma ha propiciado el contrabando de cigarrillos en el mundo y por este motivo ha sido condenada por la justicia en países como Canadá y el Reino Unido.
Aumentar el precio de los productos de tabaco vía impuestos es una medida de salud fundamental para prevenir el inicio de la adicción en los niños, niñas y adolescentes e incentivar a las personas a que dejen de fumar. Además, los impuestos son una importante fuente de ingresos fiscales y han sido establecidos como una estrategia clave para financiar la Agenda para el Desarrollo post 2015. En base a una reciente investigación que hicimos en FIC Argentina, un aumento del 50% del precio real de los cigarrillos, reduciría un 15% el consumo de tabaco y aumentaría en 17.400 millones de pesos adicionales la recaudación anual del Estado.
Recordemos que en Argentina el tabaco es responsable de más de 40.000 muertes al año que podrían ser evitadas y aún el 25% de la población de nuestro país fuma. La edad de inicio a la adicción se sitúa entre los 12 y 13 años, según indica el Ministerio de Salud de la Nación. Necesitamos una ley de impuestos al tabaco para prevenir el tabaquismo en los niños y evitar más muertes.