Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* pidió a las autoridades de India la liberación inmediata de Khurram Parvez, un conocido defensor de las garantías fundamentales en Cachemira.

En un comunicado conjunto, los relatores explicaron que Parvez ha documentado violaciones graves de derechos humanos en las zonas de Jammu y Cachemira administradas por India, entre las que se cuentan desapariciones forzadas y asesinatos.

El activista ha denunciado esos atropellos ante la ONU, por lo que se ha enfrentado a represalias, agregaron.

La Agencia Nacional de Investigaciones india arrestó a Parvez el mes pasado por cargos de conspiración y terrorismo.

RepresaliasLos expertos manifestaron preocupación porque un mes después del arresto, el defensor de las garantías fundamentales sigue privado de la libertad en lo que parece ser una represalia por “sus actividades legítimas como defensor de los derechos humanos y porque ha denunciado violaciones”

“En un contexto de represalias, ésta y otras anteriores, instamos a las autoridades indias a que lo liberen de inmediato y a que garanticen sus derechos a la libertad y la seguridad”.

Parvez se encuentra detenido en el complejo carcelario de Rohini, en Delhi, un sitio al que los expertos describieron como una de las prisiones más superpobladas e insalubres del país, lo que representa un riesgo para la salud y seguridad del activista, sobre todos en el entorno de la pandemia de Covid-19.

Ley antiterroristaLa detención ocurrió el 22 de noviembre en virtud de la legislación contra el terrorismo de India “Ley de prevención de actividades ilícitas”.

Esa normativa, en vigor desde julio de 2019, permite a las autoridades designar a cualquier individuo como terrorista, aunque no pertenezca o esté asociado con grupos identificados y prohibidos, publica la ONU.

Los expertos afirmaron que esa ley ha resultado en un “aumento preocupante” en el número de arrestos en India, especialmente en las zonas de Jammu y Cachemira administradas por India.

Los relatores lamentaron que el gobierno se valga de esa legislación como medio de coerción para restringir las libertades fundamentales de la sociedad civil, los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos en las áreas bajo su administración de Jammu y Cachemira, al igual que en el resto del país.

“Exhortamos una vez más al gobierno indio a que ajuste esta legislación con las obligaciones del país estipuladas en las leyes internacionales de derechos humanos”, puntualizaron.