Luego de la aprobación de la ley de paridad de género en la provincia de Buenos Aires y de la reciente media sanción de una normativa similar por parte del Senado de la Nación, el debate en torno a la cuestión se ha intensificado. En términos generales, el proyecto de ley nacional pretende establecer la obligatoriedad de intercalar candidatas con candidatos en la conformación de las listas de legisladores nacionales. Un proyecto similar fue aprobado por la Cámara de Diputados como parte del paquete de medidas de la tan debatida reforma política.
Una de las principales críticas que recibió la iniciativa sostiene que la misma privilegia el género por la capacidad. Asumiendo por un momento que tal argumento podría tener algún sentido, el objetivo aquí es hacer un análisis de las características de las mujeres en el Congreso de la Nación, sin entrar en los detalles de las normativas propuestas.
Para ello, basaré mi análisis en un trabajo que realicé hace unos años sobre las características personales de los legisladores argentinos ente los años 1999 y 2011, a partir del examen de una base de datos inédita.
En primer lugar, cabe destacar que, para todos los períodos legislativos analizados, el 81% de los diputados del período son casados, mientras que entre las mujeres el guarismo es de tan solo 56%. Del mismo modo, en absolutamente todos los periodos considerados las mujeres tienen en promedio muchos menos hijos que los hombres, incluso cuando se controla por estado civil. Si se asume un trade-off entre las actividades laborales y las familiares, puede inferirse que las mujeres dedican más tiempo a la actividad legislativa que los hombres.
En lo que respecta al nivel educativo, las mujeres tienen una proporción mayor de títulos de grado que los hombres, con una diferencia de casi 9 puntos porcentuales. Asimismo, la correlación entre cantidad de hijos y presencia de un título universitario es negativa pero solo para las mujeres. Dado que algunos diputados poseen más de un título de grado, puede generarse un indicador que muestre el promedio de títulos de grado por diputado para todo el periodo. En el caso de las mujeres, el valor es de 0,99, mientras que para los hombres es de 0,80.
Si se analizan los posgrados, la proporción de mujeres con un título de ese nivel duplica a la proporción de hombres (0,19 para las mujeres y 0,10 para los hombres). También las mujeres tienen el doble de posgrados en el exterior que los hombres. Así, no caben dudas de que el nivel educativo de las mujeres es superior al de los hombres de manera consistente. Otro dato relevante es que en todos los períodos la proporción de mujeres con actividad pública previa -esto es, las mujeres que trabajaron en la función publica antes de asumir su cargo legislativo- es mayor a la de los hombres. Asimismo, si se analiza únicamente la experiencia legislativa previa, puede notarse que incluso con la gran diferencia en el acceso a cargos legislativos que existía de manera previa a la sanción de la ley de cuotas, las mujeres tienden a acercarse cada vez más a los hombres en este punto.
En cambio, las mujeres han tenido siempre un nivel inferior de experiencia en la actividad privada, lo que parece indicar que requieren un mayor nivel de especialización en la actividad pública.
Las tendencias se repiten si se analiza la Cámara de Senadores, donde además puede corroborarse otro dato relevante. Si se observa a las senadoras en el periodo bajo análisis, resulta que el 80,45% de ellas figuraban segundas en las listas partidarias, mientras que solo el 16,65% se hallaban al tope de las listas. Esto muestra que, a pesar de la aplicación de la ley de cuotas, la discriminación en el interior de los partidos sigue estando presente.
¿Qué interpretación puede dársele a estos datos? Sin duda alguna, las mujeres se enfrentan con mayores obstáculos a la hora de acceder a cargos legislativos. Estas barreras hacen que solamente logren el objetivo las mujeres con mayores recursos, ya sea en términos de tiempo, educación o experiencia. Estas barreras son sin duda alguna más altas que para los hombres. Gran parte de esos obstáculos se relacionan con la discriminación que enfrentan al interior de los partidos, incluso cuando son apoyadas por reglas formales que intentan disminuir la discriminación inter-partidaria. Es por eso que también puede apreciarse que, en partidos fundados por mujeres, la presencia de las mismas es mayor, porque no se ven expuestas a las típicas trabas presentes en partidos históricamente dominados por hombres. En conclusión, incluso si nos tomamos la molestia de intentar creer en el argumento que plantea que la propuesta de paridad de género sacrifica la capacidad de los legisladores, resulta que el mismo no resiste ningún tipo de verificación. Con cualquier indicador que empleemos, las mujeres que participan en la labor legislativa están, en promedio, mucho más capacitadas que los hombres. Así, quienes desean sostener el argumento de la capacidad, podrían empezar a considerar la posibilidad de redactar un proyecto que establezca un cupo mayor al 50% para las mujeres.