El automovilista oriundo de Real Sayana, departamento Avellaneda, que en la mañana del 11 de junio de 2023 embistió a un obrero municipal en la Ruta Nº 92 y se dio a la fuga dejando abandonada a la víctima, hecho por el cual fue detenido al día siguiente, será sometido a un juicio oral y público, en el cual deberá responder por el grave delito de homicidio con dolo eventual.

La medida fue adoptada por la Dra. Ana María González Ruiz, jueza de Control y Garantías para la Circunscripción Añatuya, quien además rechazó el planteo de la defensa del inculpado Abel Antonio Moreno (a) “Cabe”, de 25 años, que había solicitado la revisión de la prisión preventiva que el inculpado cumple actualmente, y que se le conceda el cese de prisión.

Pormenores del hecho

El fatal hecho ocurrió alrededor de las 6 de dicho día, en circunstancias que David Francisco Véliz (57), quien residía en Añatuya, iba a trabajar en el matadero municipal, haciéndolo en una bicicleta y cumpliendo medidas de seguridad, como casco, camperón y chaleco refractario, luces y linternas en la bicicleta, no obstante lo cual fue arrollado por un automóvil Citröen C4 dominio GSB-617 que era conducido por Moreno.

Tras cometer el grave hecho, Moreno huyó rápidamente del lugar, guardó el vehículo y se mantuvo oculto hasta que fue ubicado y detenido al otro día por los efectivos policiales.

Le dictan la preventiva

El 17 de julio del año pasado le dictaron la prisión preventiva a Moreno, y tras once meses de estar privado de la libertad el Dr. Emiliano Aguirre solicitó la revisión de la medida coercitiva, y al considerar inexistentes los riesgos procesales solicitó que le concedan el cese de prisión a su pupilo, no habiendo manifestado oposición a la elevación del caso a juicio.

Piden denegar el planteo

La fiscal Cecilia Rímini se opuso al pedido de la defensa, por considerar vigente el peligro procesal de fuga, advirtiendo la conducta que tuvo “Cabe” Moreno tras cometer el hecho, que fue la de huir y dejar abandonada a la víctima.

El querellante Sergio Brandán, que representa a la familia de la víctima, coincidió con el pedido de la fiscalía, argumentando que la familia de la víctima tiene el derecho a un juicio con el dictado de una sentencia.