A 17 días de la violenta represión de la protesta en defensa de los jubilados, donde un gendarme disparó e hirió gravemente a Pablo Grillo y dos policías agredieron a la jubilada Beatriz Blanco, la Cámara Federal ha decidido que la investigación recaiga en la jueza federal María Servini. Durante este tiempo, el expediente ha circulado por diferentes juzgados, pero ha sido gracias a la labor de colectivos y ciudadanos que se han organizado en el Mapa de la Policía que se han podido identificar a algunos de los responsables de la represión.
La jueza Servini no solo deberá investigar al autor del disparo que hirió a Grillo, sino también identificar al policía que lanzó gas lacrimógeno contra Blanco y al que la golpeó con una tonfa, lo que provocó su caída. Además, se espera que analice las detenciones sin respaldo, las agresiones a otros manifestantes y las responsabilidades de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios.
Un aspecto preocupante que ha salido a la luz es la declaración del oficial Leonardo Tomás Núñez, quien, en su testimonio, mencionó que el 12 de marzo, día de la protesta, se implantó una "Orden de Servicio" con la frase "POR QUE HAY QUE SER MUY CAGÓN PARA NO DEFENDER A LOS JUBILADOS", en referencia a una célebre frase de Diego Maradona. Esta declaración ha sido considerada como un gesto de cinismo por parte de la exministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien destacó que una orden operativa debería ser más técnica y no contener expresiones políticas.
La protesta, convocada por hinchas de fútbol y diversas organizaciones sociales, fue tergiversada por el Gobierno, que la calificó como una movilización de barrabravas. Sin embargo, los testimonios indican que los manifestantes se encontraban en su mayoría pacíficos.
Hasta el momento, la familia de Grillo ha solicitado ser querellante en la causa, al igual que la jubilada agredida, pero aún no han recibido respuesta. La jueza Servini, actualmente de licencia, será reemplazada por el juez Sebastián Ramos, quien ha comenzado a tomar medidas urgentes para preservar pruebas, incluyendo la revisión de registros fílmicos y material audiovisual de la manifestación.
El Gobierno, por su parte, ha presentado una denuncia penal por sedición y atentado al orden constitucional, pero hasta ahora no ha aportado pruebas concretas que respalden sus acusaciones. La situación sigue siendo tensa y se espera que la investigación avance bajo la supervisión de la jueza Servini, quien deberá enfrentar un caso que ha generado gran preocupación y movilización social.
Con información de Página