El acuerdo con el FMI trajo consigo una serie de compromisos por parte del Gobierno. Algunos de ellos son criterios más duros -como la meta fiscal o de reservas- y otros hacen referencia a reformas estructurales.

Entre ellas, el organismo multilateral pidió la publicación de una evaluación de las empresas sujetas a privatización según la Ley Bases, junto con un plan para llevar a cabo ese proceso para finales de septiembre de 2025. Sin embargo, el Memorándum de entendimiento que firmó la Argentina estiró ese compromiso hasta mediados de noviembre, es decir, después de las elecciones legislativas.

Publicar un informe sobre las empresas estatales incluidas en la Ley de Bases, junto con una hoja de ruta para su privatización y concesiones, elaborada por la Agencia de Transformación de las Empresas Estatales que conduce Diego Chaer.

Publicar las directrices necesarias para garantizar un proceso de privatización eficiente y transparente de las empresas estatales incluidas en la Ley de Bases.

Las empresas privatizables, según la Ley de Bases, son Energía Argentina e Intercargo. Por otra parte, el Gobierno podrá entregar acciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), pero el Estado nacional deberá mantener la participación mayoritaria. Además, la norma declaró a AYSA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y corredores viales como sujetos a privatización o concesión.

El FMI reconoció que el Gobierno ya empezó a desprenderse de empresas estatales, como parte de la puesta en marcha de su agenda de desregulación y reformas de mercado. Entre las medidas que ya se tomaron, se encuentra la decisión de vender las acciones de Intercargo, la privatización de Corredores Viales y Belgrano Cargas y la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio en sociedad anónima. Además, como adelantó TN, el Ejecutivo ya tiene listo el decreto para privatizar Energía Argentina.

Francos: “El Estado no es empresario”.

En su informe de gestión al Congreso, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a las privatizaciones y resumió: “El Gobierno asumió con la directiva que el Estado no es empresario. Ese rol puede ser mejor asumido por el sector privado”.

Por otra parte, Francos puso el foco en el argumento fiscal: “La Jefatura de Gabinete informa que la decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno nacional y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado".

Al momento de dar detalles sobre algunos procesos concretos de privatización, el jefe de Gabinete detalló que hay varios procedimientos en etapa de análisis. Entre ellos, mencionó la incorporación de capital privado a Nucleoeléctrica.

También destacó que la Subsecretaría de Transporte Ferroviario está trabajando en el diseño de la documentación que permita el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de los servicios públicos de transporte ferroviario.

Finalmente, consultado sobre la posibilidad de privatizar Correo Argentino, Francos recordó que la empresa fue creada en 2004 por un decreto que ya indicaba la intención de privatizarlo en los próximos 180 días. “Ese plazo se renovó periódicamente, por lo que hoy se podría avanzar con un nuevo proceso de concesión, estipulado en los decretos mencionados”, resaltó el informe del funcionario.