El PAMI vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que se conociera que su titular, Esteban Leguizamón, convalidó una licitación exprés por u\$s 450 millones para la compra y distribución de pañales para afiliados, con un precio 20% superior al esquema anterior. El proceso, cuestionado por su rapidez y por presuntas irregularidades, generó una fuerte reacción tanto dentro del Gobierno como en el ámbito judicial.

El convenio anterior de distribución fue dado de baja, y en su lugar se adjudicó un nuevo contrato que, según denuncian fuentes al tanto del proceso, se habría realizado en condiciones poco transparentes. La licitación se desarrolló en tan solo seis días hábiles, lo que impidió que tres de los cuatro oferentes pudieran presentar sus propuestas a tiempo. Las empresas afectadas presentaron cartas de queja explicando que no tuvieron margen suficiente para armar y presentar una oferta adecuada.

Además de la celeridad del proceso, los denunciantes afirman que hubo cambios en las condiciones del pliego original, posibles direccionamientos para beneficiar a un proveedor específico, y alertaron sobre un deterioro en la calidad del producto que recibirán los beneficiarios. También se cuestionan las condiciones de pago, que incluirían adelantos sin las garantías suficientes, lo que incrementa las sospechas de manejos irregulares.

Funcionarios designados por el presidente Javier Milei ya habían advertido sobre supuestos negociados previos con proveedores, en el marco de una interna política que atraviesa al propio oficialismo. Sin embargo, lo que comenzó como una disputa interna, rápidamente escaló a denuncias de corrupción que ya tienen implicancias judiciales.

A pesar de la gravedad del caso, las autoridades aún no han brindado una respuesta oficial ante los cuestionamientos. Mientras tanto, el escándalo crece y pone en duda la transparencia de la actual gestión del organismo, afectando directamente a miles de jubilados y pensionados que dependen de estos insumos esenciales.