Durante su intervención en el ciclo Actualidad Política que se emite por Radio LV11, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, Daniel Arroyo, denunció un “ajuste brutal” por parte del Gobierno nacional que afecta directamente a más de un millón de personas con discapacidad en todo el país.

En diálogo con la "Radio de los Santiagueños", el legislador sostuvo que “el Gobierno está maltratando a las personas con discapacidad en varios planos”, y mencionó como ejemplo el envío masivo de cartas documento, mensajes de texto y correos electrónicos para exigir a los beneficiarios que vuelvan a presentar certificaciones que ya han sido entregadas previamente.

“Pedirle a una persona que tiene ceguera de nacimiento que vuelva a hacer todos los trámites es absurdo”, expresó Arroyo, quien además cuestionó la desactualización de las bases de datos oficiales: “Muchas personas han cambiado de domicilio, y el Gobierno sigue enviando notificaciones a direcciones viejas. A la tercera vez que no reciben la carta, les dan de baja la pensión”.

Una auditoría mal aplicada

Arroyo no se opone a que se auditen las pensiones, pero criticó con dureza la forma en la que se está haciendo. “Si quieren auditar bien, que evalúen los casos que manejó determinado médico o los pueblos donde hay muchas pensiones por encima del promedio. Pero poner en vilo a 1.300.000 personas es inhumano”, señaló.

El diputado relató que muchas personas están haciendo colas de más de 10 horas para mostrar documentación que ya se encuentra en el sistema. “No solo se está haciendo mal, sino que se está lastimando. Se dictó la resolución 187 donde se vuelve a utilizar términos como ‘idiotas’, ‘imbéciles’, ‘débiles mentales’. ¿Cuándo cambiamos tanto como sociedad?”, cuestionó indignado.

El proyecto de ley que impulsa Arroyo

Frente a este panorama, Daniel Arroyo presentó un proyecto de ley de emergencia que, aunque no se tratará esta semana por el fallecimiento del papa Francisco, será debatido en plenario de comisiones la próxima semana.

La iniciativa tiene tres puntos clave:

-Actualización de montos: Arroyo denunció que actualmente un trabajador de un taller protegido cobra apenas $28.000 mensuales por jornadas de 4 horas diarias. También criticó que se pague solo $541 por litro de combustible a los transportistas de personas con discapacidad, cuando el precio real ronda los $1.500. “Esto hace que en vez de llevarlos cinco días, lo hagan dos, con suerte”, señaló. El proyecto propone actualizar todos los montos tomando como referencia diciembre de 2023, antes de la devaluación.

-Regularización de las pensiones: El texto busca restablecer la vigencia plena del sistema de pensiones por discapacidad, eliminando el mecanismo actual de “revisión masiva” que ha derivado en bajas arbitrarias. También establece mecanismos para que puedan ingresar nuevos beneficiarios. “Hoy hay 500.000 personas que iniciaron el trámite, pero solo se aprobaron 586. Es el 0,1%”, enfatizó.

-Fin del maltrato: El proyecto busca erradicar las prácticas ofensivas y discriminatorias del Estado. “Todo comenzó con el vocero presidencial mostrando una radiografía de un perro como si se tratara de un beneficiario. Esa persona nunca cobró una pensión. Fue una mentira, una burla”, denunció.

Críticas al Gobierno y posible acción judicial

Arroyo advirtió que este tipo de medidas podrían derivar en demandas colectivas por parte de las familias afectadas, incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, remarcó: “Estamos hablando de derechos básicos. No es un capricho ni una cuestión de confort, sino de alimentación, salud y dignidad”.

También se refirió a la represión de una manifestación pacífica de familiares de personas con discapacidad frente a la Casa Rosada: “La respuesta del Gobierno fue enviar a la Gendarmería. No quieren escuchar, no les importa”.

Finalmente, expresó su sorpresa por la magnitud del problema: “Se había hablado de 400.000 personas en riesgo, pero la cifra real supera el millón. Y lo peor es que ni siquiera se sabe hasta dónde puede llegar”.

Arroyo concluyó con un pedido urgente al Congreso: “Este no es un tema político, es un tema humano. No podemos seguir mirando para otro lado mientras se le quita a una persona ciega el derecho que ya tiene. Este ajuste es cruel, injustificado y violento. Y tiene que terminar ya”.