Política

Imputan a la ministra Pettovello por presuntas irregularidades en millonaria compra de alimentos

Crédito: NA

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue imputada este lunes por presuntos delitos relacionados con una millonaria transferencia de fondos destinada a la compra de alimentos en el marco de un plan contra el hambre. La medida fue dispuesta por el fiscal federal Franco Picardi, quien dio curso a una denuncia presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero.

Según informaron fuentes judiciales, la causa está a cargo del juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N°12, y se investigan posibles delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia sostiene que el 8 de febrero pasado, Pettovello habría firmado una resolución para transferir 14.000 millones de pesos a un programa del Sistema de Naciones Unidas con el objetivo de adquirir productos esenciales como arroz, fideos y leche en polvo. Sin embargo, según el escrito, la compra nunca se concretó.

Además, el documento presentado ante la Justicia señala que el Estado habría abonado una comisión del 3% por la intermediación en esa transacción, aunque la licitación para adquirir un millón de unidades de cada producto no se habría llevado a cabo.

A raíz de la denuncia, el fiscal Picardi impulsó la acción penal y solicitó una serie de medidas de prueba para determinar si existieron irregularidades en la operatoria.

 

Un caso que suma tensión

La imputación ocurre en un contexto delicado para el Gobierno nacional, en medio de denuncias por falta de entrega de alimentos en comedores comunitarios y cuestionamientos por la gestión del Ministerio de Capital Humano.

Desde el entorno de Pettovello aún no hubo declaraciones públicas sobre el avance de la causa. No obstante, la situación podría escalar en el corto plazo, especialmente si el juez Lijo decide convocar a la funcionaria a prestar declaración indagatoria.

El expediente ahora continuará con la producción de pruebas y peritajes para esclarecer el destino de los fondos y verificar si existieron desvíos o irregularidades en la ejecución del plan alimentario.

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