La Oficina Anticorrupción determinó este sábado que el presidente Javier Milei no tuvo responsabilidad en el "Criptogate", vinculado a la promoción de la criptomoneda $LIBRA, al afirmar que "no infringió la Ley de Ética Pública" y que su posteo realizado "a través de su cuenta personal" debe interpretarse como un "acto de comunicación individual o privado" que no causó "direccionamiento oficial de políticas públicas".
En una resolución firmada por el titular de la OA, Alejandro Melik, organismo dependiente del propio gobierno, precisamente del Ministerio de Justicia que lidera Mariano Cúneo Libarona, consideró que la difusión de la memecoin por parte del mandatario –quien había publicado un mensaje sobre el activo digital en sus redes sociales– no constituye una violación a la Ley de Ética Pública.
Según destaca el artículo 1, Milei "no infringió la Ley N°25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública" por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Proyect’, efectuada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social X @JMilei.
"La utilización de redes sociales por parte de funcionarios públicos, incluidos quienes ocupan la más alta jerarquía del Estado, no implica en todos los supuestos el ejercicio de una función pública", señala la OA en el documento.
Y remarca: "Dicho posteo, no conectado con actos administrativos, sin asignación de recursos públicos, ni acompañamiento institucional, debe interpretarse como un acto de comunicación individual o privada que no ha generado un direccionamiento oficial de políticas públicas de ninguna naturaleza".
Más allá de la decisión de la Oficina Anticorrupción, numerosos usuarios denunciaron pérdidas tras invertir en la criptomoneda impulsada por el presidente, actitud que llevó a la Cámara de Diputados a conformar una Comisión Investigadora para determinar la responsabilidad del mandatario.
Semanas atrás, a través de un decreto, el gobierno disolvió la comisión que había creado para autoinvestigar al propio Milei en su posible comisión de delito por la megaestafa internacional de $Libra. En su breve explicación, la medida considera que el dispositivo creado por el Poder Ejecutivo para autoinvestigarse ya dio respuestas a todos los requerimientos que se había autoencomendado y, por lo tanto, su vigencia carece de utilidad.
"Disuélvese la Unidad de Tareas de Investigación (UTI)" creada en el ámbito del Ministerio de Justicia "por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada", destacó el Decreto 332/2025 firmado por el jefe de Estado y el titular de la cartera judicial, Mariano Cúneo Libarona.
Con información de Página 12