El Ministerio de Justicia está trabajando en una modificación del Código Penal que busca endurecer las penas para ciertos delitos. La medida, que ha generado debate entre expertos, busca abordar la problemática de la inseguridad en el país.

Nuevo Diario entrevistó al abogado penalista Diego Lindow, para tratar el tema y dijo que "la medida que intenta impulsar el Gobierno de elevación de penas no resuelve el problema de la inseguridad". Lindow sostiene que el problema de la inseguridad no se resuelve solo con el aumento de las penas, sino que se debe abordar desde una perspectiva más integral.

La modificación del Código Penal también ha generado críticas por considerar que atenta contra la constitucionalidad. Según Lindow, "el Gobierno se olvida de que las cárceles deben ser para resocializar al preso y no como castigo. La Constitución establece que las cárceles deben tener como objetivo la resocialización de los presos, y no solo el castigo".

La reforma del Código Penal es parte de una reforma integral del sistema de Justicia Penal que busca modernizar y unificar criterios procesales para todo el país. El Gobierno busca abordar la problemática de la inseguridad y mejorar la eficiencia del sistema de justicia.

De acuerdo a Lindow, "elevar el monto de la pena no contribuye a que se baje la inseguridad, sobre todo en los delitos sexuales, ningún violador deja de violar a la víctima porque en vez de tener una pena máxima de veinte años la tenga de veinticinco o sea esa no es la razón y la explicación es una medida totalmente populista".

En conclusión, la modificación del Código Penal es un tema complejo que requiere un análisis integral y una discusión amplia. Es importante considerar las opiniones de expertos y la constitucionalidad de la medida antes de tomar una decisión. La reforma del Código Penal es un paso importante en la reforma integral del sistema de Justicia Penal. Sin embargo, es importante asegurarse de que la medida sea efectiva en reducir la inseguridad y respete la constitucionalidad.