El Gobierno de Javier Milei se desligó de la cuestión educativa y dejó en manos de gremios docentes y el Consejo Federal de Educación -compuesto por las diferentes jurisdicciones del país- el acuerdo y la firma de convenios que atraviesan a las pautas generales de las condiciones laborales, el calendario educativo y el salario mínimo docente, entre otros. De esta manera, se elimina la participación del Estado Nacional de la negociación del salario mínimo docente. “No hay más Nación educativa, es todo fragmentación”, denunciaron a este portal. Desde los gremios denuncian a la Secretaría de Educación y sostienen que es “un retroceso en derechos laborales, un atentado contra la paritaria nacional y una violación del espíritu federal y democrático”.
“La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano podrá refrendar el Convenio o requerir que se realice una nueva propuesta cuando, por razones presupuestarias, no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”, comunicaron a través del Decreto 341/2025, publicado este miércoles, sobre las modificaciones realizadas en el marco de la Ley N° 26.075. “Desde el Ministerio de Capital Humano impulsamos estos decretos que afirman el respeto a la libertad sindical y fortalecen el federalismo educativo”, escribió Sandra Pettovello en sus redes sociales.
Desde CTERA lanzaron un duro comunicado en repudio a la modificación del Art. 10° de la normativa de Financiamiento Educativo. “Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la paritaria nacional docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro sistema educativo”, apuntaron. En esa línea, remarcan que dicho artículo era clave para que el Estado Nacional sea “garante de un piso salarial común” para las y los docentes del país y que eliminar dicha instancia “es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo y consagrar la desigualdad”.
En este marco, desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina señalan que la medida es parte de la “política de vaciamiento del Estado, el desfinanciamiento de la educación pública y el desconocimiento de los derechos de las y los trabajadores de la educación” del Gobierno mileísta y aseguran, desde el gremio, que “no permitirán este atropello”, exigiendo la derogación de las modificaciones informadas. “¡La educación no se negocia, se defiende!”, sentenciaron en el comunicado.
Por su parte, en diálogo con este medio, desde Nación se defendieron y remarcaron que la decisión impuesta en el Decreto 342 -relacionada directamente con las elecciones dentro de cada gremio- sólo se dará en caso de acefalía y lo definirán en el interior de cada gremio; mientras que, en lo que refiere a los acuerdos y convenios educativos, sostuvo que si bien hoy la Secretaría de Educación es “coordinadora”, quien tiene “la última palabra” es el Consejo Federal de Educación, conformado por todos los ministerios provinciales.
“También estábamos pensando en marchar al Ministerio de Economía. Algunos de los puntos eran: la convocatoria de la paritaria nacional docente, la restitución del FONID y el pago de la deuda del FONID que lleva 17 meses. A eso se suman las transferencias a las provincias para los programas educativos, la infraestructura escolar, los comedores escolares y las copas de leche... Ahora, esta denuncia del decreto nacional”, explicó a El Destape Silvia Almazan, del Consejo Directivo de CTERA.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) apuntan contra el gobierno de Milei por su antisindicalismo y las diversas medidas “dirigidas a que trabajadoras y trabajadores no nos podamos organizar para reclamar por nuestros derechos”, consolidando -de esta manera- un orden social claro “en el que aquellos que tienen un origen más humilde, no puedan tener progresos en ningún ámbito”. El aumento de la desigualdad, moneda corriente en la gestión libertaria. “Es un gobierno patronal que va a hablar con las organizaciones de los empresarios y combate a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, junto a todas sus herramientas de lucha”, apuntó a este portal la secretaria gremial, Angélica Graciano.
Según denunció, el objetivo es claro: disolver lo nacional y fragmentar las demandas. “Una de las consecuencias más graves es que las provincias con pocos recursos no tengan la oportunidad de mejorar su sistema educativo o el salario de los docentes, junto al acceso a recursos y materiales… Como el tema de los libros, la conectividad y las computadoras, que condicionan muchísimo lo pedagógico”, sentenció.
Cabe señalar que los docentes realizarán un nuevo paro docente este jueves 22 de mayo, en repudio a lo anteriormente mencionado. A este, se sumarán docentes y no docentes universitarios -especialmente de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- quienes manifestaron su adhesión a la medida de fuerza y ratificaron que marcharán en defensa de la educación superior. Entre otros reclamos, piden que se reabra la paritaria, que se actualicen las becas estudiantiles y que se recomponga el presupuesto. “El Gobierno nacional está atacando permanente a la universidad pública. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ha sacado una declaración en la cual apoya la marcha y las autoridades de la propia Universidad de Buenos Aires van a participar", sostuvieron.
La dura respuesta de PBA: “No hay más Nación educativa”
Desde la provincia dirigida por Axel Kicillof cargaron duramente contra el mileísmo y aseguraron que “no es sorpresa” la última medida informada desde Capital Humano ya que se trata de una “línea conceptual, ética y política” que llevó adelante la gestión desde que asumió. “Eliminó el FONID, hay mil obras paralizadas en la provincia de Buenos Aires (80 de las cuales son escuelas), descree de las paritarias, del valor que tiene un Estado nacional como armonizador y como aquel que marca un rumbo. No tiene una sola política que sea relevante, lo de Alfabetización es un rejunte de iniciativas provinciales”, enumeró el Director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.
Si bien remarcó que todavía pagan el incremento de jornada y la quinta hora, “en el resto no hay vocación, no ven que el Estado pueda ser un articulador: por tanto, todo aquello que puedan delegar o tercerizar, y sacárselo de encima, lo van a hacer. No cambia nada, no es una novedad respecto de la relación que tenía la Secretaría de Educación con las provincias”, sostuvo.
“Ya nos habíamos independizado de esa cifra inicial, a la provincia no le resuelve nada. Sí creo que hay un interés de las organizaciones gremiales de sostenerlo y eso me parece bien. Que haya un piso, ese piso eleva el compromiso salarial de las provincias. Ahora, sigue la filosofía general de 'arreglate' para las personas y para las provincias. 'Hacé lo que puedas, lo que te parezca'. No hay más Nación educativa, eso también es muy importante para nosotros, es todo fragmentación”, sentenció Sileoni.
Con información de El Destape
