Un gestor que, junto a dos empleadas públicas, están acusados de defraudación en perjuicio de la Administración Pública, fue condenado ayer en un juicio abreviado a la pena de tres años de prisión en suspenso.

Tal condena fue aplicada por el Dr. Rodolfo Améstegui, juez de Control y Garantías para la Circunscripción Capital, y recayó en Héctor Peralta.

El modus operandi de los inculpados consistía en "agilizar" trámites en organismos del Estado, para lo cual el sujeto cobraba distintas sumas de dinero, parte de las cuales habrían recibido las empleadas, que eran las encargadas de "mover" la documentación.

Peralta también fue detenido y pidió al Dr. Antonio Llebeili, su abogado, diligenciar el trámite abreviado junto a la fiscal Érika Leguizamón, aceptando la condena propuesta. El acuerdo fue presentado ayer ante el juez, que lo homologó.