Desde el Gobierno de la Nación establecieron, mediante la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), nuevos criterios para otorgar pensiones no contributivas, utilizando expresiones retrógradas para medir la "invalidez laboral", calificando a las discapacidades con terminologías como "idiota", "imbécil" y "débil mental".

Ante el escándalo, la Andis salió el jueves pasado a declarar que fue "un error" y que modificarán la normativa.

Nuevo Diario, a propósito de esta noticia, se comunicó con profesionales que trabajan con personas con discapacidad y la temática para conocer su opinión al respecto.

Testimonios

Maximiliano Díaz, psicólogo y autor de "La ventana azul. Autismo: teoría e intervenciones psicosociales", consideró que se trató de "una falta total de respeto", "algo totalmente desagradable", "obsoleto" y "triste".

"En pleno siglo XXI, a pesar de que estamos teniendo avances, aunque sean pequeños, este es un retroceso enorme para las personas con discapacidad y, sobre todo, para las familias que están en la lucha y los profesionales que estamos involucrados", lamentó.

Díaz, sin embargo, observó que "en la actualidad se siguen escuchando algunos comentarios ofensivos" hacia este sector de la población; no obstante, señaló que "esto es algo que nos invita a reflexionar".

"Más allá de pedir disculpas y modificar ciertos artículos, hay que poner en marcha un mayor trabajo, una mayor acción y una mayor disponibilidad de recursos para las personas con discapacidad", advirtió enfáticamente.

Yanina Toscano, presidenta de Sonckoy Manta, sumó: "Ha sido un impacto, sobre todo en las familias que tienen a alguna persona con discapacidad y en las organizaciones que trabajamos, justamente, para informar, asesorar y capacitar a la población en cuanto a la terminología".

Para Toscano, las expresiones fueron "absurdas". "Es como si lo hubiera escrito alguien que no tiene ningún tipo de noción sobre la temática", apuntó.

En nombre de Sonckoy Manta, fue contundente: "Repudiamos totalmente ese escrito".

Marta Silva, intérprete e integrante de Somos Puente, también se sumó a las críticas.

"Desde Somos Puentes, equipo de intérpretes, repudiamos las expresiones discriminatorias de la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que introduce clasificaciones estigmatizantes, obsoletas y discriminatorias para las personas con discapacidad", compartió.

Silva, en ese sentido, acusó que Andis utilizó "expresiones inaceptables desde los derechos de las personas con discapacidad, ya que refuerza prejuicios y etiquetas que vulneran su dignidad".

"Estas expresiones habían sido reemplazadas hace más de 70 años. Esta resolución atenta contra los grandes avances que tuvo la Argentina en la construcción de una sociedad equitativa, libre de discriminación y barreras", notó.

Desde Somos Puente, exigieron "el respeto por el modelo social de la discapacidad, con la conservación de los derechos de las personas con discapacidad".

El testimonio de una madre

Pilar Ibáñez, madre de Mía Martina, una adolescente de 12 años con agenesia del cuerpo calloso, diabetes insípida, epilepsia y retraso madurativo, también compartió su perspectiva.

“Me parece completamente inhumano lo que ocurrió con la Andis. Se utilizaron términos que denigran a las personas con discapacidad. Una vez más, se evidenció el mal manejo de la agencia y la falta de personal debidamente capacitado para desempeñar funciones dentro del organismo”, señaló.

Ibáñez expresó su esperanza de que “se tome conciencia de lo sucedido” y “realmente se comience a trabajar en favor de las personas con discapacidad y sus derechos”, ya que “durante muchos años fueron los más perjudicados por las decisiones políticas tomadas”.