El mundo político argentino se encuentra en vilo ante un nuevo escándalo de espionaje ilegal que ha llegado a los tribunales federales de Comodoro Py. La jueza María Servini de Cubría está investigando denuncias que involucran a altos funcionarios y ex funcionarios del gobierno, incluyendo al ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y al influyente asesor Santiago Caputo, por su presunta participación en actividades de espionaje político ilegal.
La primera denuncia, presentada por Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, alega que Posse, Caputo y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori, utilizaron fondos reservados de la AFI para sobornar a periodistas y legisladores. Esta denuncia también implica al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al vocero presidencial, Manuel Adorni, en el uso de estos fondos para financiar una "milicia de trolls" en las redes sociales, destinados a atacar a los críticos del gobierno.
Una segunda denuncia, que podría desencadenar un escándalo político aún mayor, fue presentada por un destacado dirigente político. Esta denuncia se centra en el ex coronel Celestino Mosteirin, ex secretario de Producción de Inteligencia Nacional de la AFI, conocido por su cercanía con el presidente Javier Milei. Según el denunciante, Mosteirin habría dirigido operaciones de seguimiento personal contra opositores y críticos del gobierno.
Mosteirin, quien fue presentado como héroe de la Guerra de Malvinas aunque no participó en combates, enfrenta acusaciones de haber realizado tareas de seguimiento personal, un acto que, de ser confirmado, añadiría una capa de gravedad a las denuncias de espionaje.
La trama se complica aún más con la rivalidad interna por el control de la AFI entre Santiago Caputo y Karina Milei. Esta lucha por los recursos ilimitados de la agencia de inteligencia se ha intensificado y ahora se ve exacerbada por las acusaciones de espionaje ilegal. Caputo, aliado de Karina Milei, ha sido señalado como el conductor de las negociaciones por la ley ómnibus, y hay sospechas de que se han utilizado fondos de la AFI para asegurar votos en el Senado mediante sobornos.
Fernando Miguez deberá presentarse ante la jueza Servini de Cubría el próximo lunes para ratificar su denuncia, especialmente motivada por las intimidaciones sufridas por la diputada Marcela Pagano. Pagano ha sospechado durante mucho tiempo que era víctima de seguimiento por parte de espías de la AFI, quienes incluso habrían robado su celular en medio de su disputa con Karina Milei y Martín Menem por la presidencia de la Comisión de Juicio Político.
Este escándalo de espionaje fue inicialmente revelado por LPO en febrero, cuando se conoció la despedida amenazante de Nicolás Posse a la ministra Sandra Pettovello: "Pasala bien en Punta", un comentario que dejó a la ministra perpleja al revelar su viaje secreto al exclusivo balneario uruguayo.
Impacto político
La investigación de Servini de Cubría promete desentrañar una red de espionaje político ilegal que podría tener profundas repercusiones en el gobierno de Javier Milei. Con acusaciones que implican a figuras prominentes y la revelación de prácticas corruptas dentro de la AFI, este caso amenaza con sacudir los cimientos del actual gobierno y redefinir el panorama político argentino.