La administración Trump ha anunciado oficialmente la eliminación del programa de "parole humanitario", que permitía la residencia y el acceso a empleo temporal para una cifra aproximada de 532,000 migrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La medida, publicada en el Registro Federal, generará una gran incertidumbre y riesgo de deportación para miles de beneficiarios que ahora enfrentan la posibilidad de perder su estatus legal en los Estados Unidos.
Fin de un programa controversial
El "parole humanitario", implementado bajo la gestión de Joe Biden en enero de 2023, brindaba permisos temporales a migrantes que contaban con un patrocinador. Sin embargo, la nueva administración justifica su eliminación argumentando que el programa no ha logrado sus objetivos previstos y que, por su naturaleza, el "parole" no constituye una base permanente para el estatus migratorio.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, declaró que la medida representa "un regreso a políticas sensatas" y sostiene que el programa ha sido ineficaz para controlar la inmigración ilegal. Además, el DHS advierte que quienes no han residido de manera continua en EE.UU. podrían enfrentarse a una "deportación acelerada".
Consecuencias para los migrantes
La eliminación del "parole" no solo afecta a los beneficiarios directos, sino que también impacta a sus familias inmediatas. Además, el DHS anunció que todos los permisos de trabajo otorgados bajo este programa serán revocados, complicando aún más la situación económica de los migrantes. De acuerdo a un análisis de FWD.us, esta medida dejará sin empleo a aproximadamente 240,000 trabajadores en sectores clave como la manufactura, la construcción y la atención sanitaria.
Organizaciones proinmigrantes han expresado su rechazo, señalando que la eliminación del programa no solo desestabilizará las vidas de las comunidades afectadas, sino que también tendrá repercusiones para el conjunto de la sociedad estadounidense. Todd Schulte, presidente de FWD.us, criticó el enfoque del gobierno, argumentando que se debe mejorar y expandir programas como el "parole" en lugar de eliminarlo.
Implicaciones legales
La decisión de la administración Trump ya se encuentra en disputa judicial. Este lunes, la jueza federal Indira Talwani de Boston llevó a cabo una audiencia y podría emitir una orden temporal para proteger a los afectados antes del 7 de abril. Durante la audiencia, la jueza mostró preocupación por el trato a aquellos que ingresaron legalmente a Estados Unidos a través del programa.
Las organizaciones de derechos humanos han subrayado la importancia de seguir analizando y revisando las políticas migratorias con base en la dignidad y derechos de los migrantes, opuestas a la criminalización de su situación.
Reacciones internacionales
La decisión también ha sido condenada internacionalmente, particularmente por el gobierno de Venezuela, que calificó la medida como una "campaña de criminalización" contra sus ciudadanos. Más de 7,5 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida.
Mientras tanto, la administración Trump pone su atención en otros programas migratorios, señalando que se revisarán nuevas vías de acogida para los migrantes provenientes de Ucrania y Afganistán, en medio de los conflictos en sus regiones de origen.
La eliminación del "parole humanitario" representa un cambio significativo en las políticas migratorias estadounidenses que afectará profundamente a cientos de miles de migrantes y sus familias, y pone en evidencia las tensiones entre la seguridad fronteriza y los derechos de las personas que buscan refugio y mejores oportunidades en Estados Unidos.