El juicio penal contra el expresidente brasileño. Jair Bolsonaro, y siete de sus colaboradores, acusados de liderar un complot golpista, comenzó este lunes con los primeros interrogatorios a los testigos citados por la Fiscalía del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país.
Los primeros en declarar, desde las 15.00 hora local (misma hora que Argentina) y por videoconferencia, fueron seis testigos del Ministerio Público, entre ellos los excomandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, el general Marco Antonio Freire Gomes y el brigadier Carlos de Almeida Baptista Júnior. Ambos, hoy retirados, reconocieron haberse reunido en varias ocasiones con Bolsonaro y sus asesores más cercanos, y afirmaron que fueron invitados a respaldar un presunto plan para desconocer el resultado de las elecciones de 2022 mediante una intervención militar.
En sus declaraciones ante la policía, los jerarcas militares reconocieron haber participado en reuniones donde Bolsonaro presentó su "hipótesis de utilización de instrumentos jurídicos" para deslegitimar el proceso electoral y justificar una posible acción castrense contra el presidente electo, Luiz Inácio Lula Da Silva. Según Baptista Júnior, Freire Gomes incluso llegó a amenazar al entonces presidente con arrestarlo si ejecutaba esos planes.
El STF tiene previsto tomar testimonio a 82 testigos, propuestos tanto por la Fiscalía como por las defensas de los ocho acusados, en una serie de audiencias que se extenderán del 19 de mayo al 2 de junio.
El asalto a los tres poderes
Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña y actualmente inhabilitado para competir en las elecciones de 2026, enfrenta penas que podrían sumar hasta 40 años de prisión. El caso contiene acusaciones contra los ocho líderes del complot, desde la planificación del asesinato de Lula y de otras figuras institucionales hasta haber incentivado los ataques del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro irrumpieron violentamente en las sedes de los tres poderes en Brasilia para reclamar una intervención militar.
En febrero de este año, la Fiscalía presentó cargos por tentativa de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho. En marzo, los cinco jueces de la Sala Primera del STF concluyeron, por unanimidad, que existen indicios suficientes para llevar a juicio a los ocho acusados por cinco delitos graves: tentativa de golpe, abolición del orden democrático, organización criminal armada, daño calificado y deterioro del patrimonio público.
Entre los juzgados figuran también el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos; los exministros Anderson Torres (Justicia), Augusto Heleno Ribeiro (Seguridad Institucional), Paulo Sergio Nogueira (Defensa) y Walter Braga Netto (Casa Civil); así como el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, hoy diputado, Alexandre Ramagem.
Según un informe de más de 800 páginas elaborado por la Policía Federal, el exmandatario encabezó una "organización criminal" que buscó impedir la investidura de Lula tras su victoria en 2022. Ese documento, base de la acusación, menciona una reunión clave del 5 de julio de 2022 en la que Bolsonaro insinuó que "todo está armado para que Lula gane en primera vuelta, mediante fraude".
"Si hay que dar un golpe en la mesa, debe ser antes de la elección", afirmó en esa misma reunión el general Augusto Heleno, uno de los principales responsables del aparato de seguridad durante el gobierno bolsonarista.
El plan golpista incluía decretar un "estado de defensa" e incluso asesinar a Lula y al juez del STF, Alexandre de Moraes. Según los investigadores, el complot no prosperó por la falta de apoyo de los altos mandos militares. No se trató de una acción aislada, sino de una conspiración prolongada, ejecutada desde el corazón del gobierno por funcionarios de confianza y altos oficiales del Ejército.
La acusación se basa en un extenso conjunto de pruebas, que incluyen un borrador de decreto para declarar el estado de sitio y el testimonio clave del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien aceptó colaborar con la justicia a cambio de beneficios procesales. Los testigos convocados por Cid serán escuchados el 22 de mayo.
Los testigos de los otros seis acusados declararán entre el 23 y el 29 de mayo, y los 15 testigos citados por Bolsonaro lo harán a partir del 30 de mayo. En esa lista figuran el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, el exvicepresidente y actual senador Hamilton Mourão, y otros exfuncionarios y militares de alto rango que integraron su administración.
"Guion de telenovela"
Esta etapa de interrogatorios marca el inicio de la instrucción criminal del juicio, en la que las partes recogen pruebas, solicitan peritajes y otras diligencias para esclarecer los hechos. Una vez concluida, el STF fijará las fechas para interrogar a los acusados y escuchar los alegatos finales. El fallo se espera entre septiembre y octubre.
Bolsonaro, de 70 años, se declara inocente y asegura ser víctima de una "persecución" política. "Las acusaciones parecen el guion de una telenovela", declaró recientemente al portal brasileño UOL.
El exmandatario ya está inhabilitado políticamente hasta 2030 por haber desacreditado, sin pruebas, el sistema de votación electrónica. En julio de 2022, incluso reiteró esos cuestionamientos ante embajadores extranjeros, en lo que la Fiscalía interpretó como una estrategia para "preparar a la comunidad internacional para el no respeto del resultado electoral".
Aunque manifestó su intención de competir en las presidenciales de 2026, Bolsonaro reconoció en la misma entrevista que una condena representaría una "pena de muerte, política y física". Uno de los nombres que suena como su eventual sucesor es el del actual gobernador paulista, Tarcísio de Freitas.
Si bien otros mandatarios brasileños han enfrentado juicios desde el fin de la dictadura militar, Bolsonaro es el primero en ser procesado por una tentativa de golpe.
Con información de Página 12
