En menos de 48 horas, el sistema judicial peruano emitió dos sentencias históricas contra exmandatarios que gobernaron el país en los últimos años, en causas vinculadas a corrupción y atentados contra el orden constitucional.
El primer fallo recayó sobre Martín Vizcarra, quien fue condenado a 14 años de prisión. La Justicia determinó que, durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, recibió sobornos a cambio de favorecer obras públicas. Además de la pena de cárcel, se le impuso la prohibición para ejercer cargos públicos, en un caso que se convirtió en un símbolo de las investigaciones por corrupción en la administración estatal.
Horas más tarde, un tribunal superior dictó sentencia contra Pedro Castillo. El exmandatario fue condenado a 11 años y medio de prisión luego de que se considerara probada su responsabilidad en el intento de disolver el Congreso a fines de 2022, acción que fue interpretada como una conspiración orientada a quebrar el orden democrático. El tribunal descartó otras acusaciones, pero dejó firme la condena por delitos vinculados a la sublevación.
Ambas resoluciones generaron un fuerte impacto en la escena política y social peruana. Para una parte del país, representan señales de avance en la lucha contra la corrupción y los abusos de poder. Otros sectores advierten que los fallos exponen la profundidad de la crisis institucional y la necesidad urgente de reformas que estabilicen el sistema político.
Con estas condenas, Vizcarra y Castillo se suman a la extensa lista de expresidentes peruanos juzgados o sancionados en las últimas décadas, un fenómeno que refleja la persistente inestabilidad que atraviesa al país.
