Una iniciativa legislativa encendió la polémica en el Estado de México, donde se propuso implementar la castración química obligatoria para personas condenadas por delitos sexuales.
El proyecto fue impulsado por el diputado Isaías Peláez Soria, quien planteó que este tratamiento sea de carácter permanente y se aplique como complemento a penas de prisión que podrían alcanzar hasta los 60 años.
Además, la iniciativa contempla sanciones más severas en casos donde exista una relación de confianza entre víctima y agresor, o cuando el delito sea cometido por una persona que utilice su cargo público o recursos laborales para perpetrarlo.
La propuesta generó un fuerte impacto tanto en el ámbito político como social, reavivando el debate sobre las medidas necesarias para combatir los delitos sexuales y el alcance de las penas en este tipo de casos.
Mientras algunos sectores consideran que se trata de una herramienta para endurecer las condenas y prevenir reincidencias, otros cuestionan su legalidad y posibles implicancias en materia de derechos humanos.
