El Gobierno de España avanzó este martes con la regularización extraordinaria de inmigrantes, una iniciativa que podría alcanzar a alrededor de medio millón de personas y que marca un giro respecto de las políticas restrictivas que predominan en gran parte de la Unión Europea. La decisión fue adoptada mediante un real decreto, lo que permitió su aprobación sin pasar por el Parlamento, donde el oficialismo no cuenta con mayoría.
Según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la medida alcanzará a extranjeros que se encuentren en territorio español desde hace al menos cinco meses, que hayan ingresado antes del 31 de diciembre de 2025 y que no registren antecedentes penales. El proceso de tramitación se abrirá en abril y se extenderá hasta el 30 de junio, habilitando a los beneficiarios a trabajar legalmente en cualquier sector y en todo el país.
“Es un día histórico. “Fortalecemos un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”, sostuvo Saiz durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.
España se consolida así como una excepción dentro del bloque europeo, en un contexto regional marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias y el avance de fuerzas de ultraderecha. El propio presidente Pedro Sánchez defendió en reiteradas oportunidades un enfoque “legal, seguro y humano”, y aseguró que la migración fue clave para explicar el 80% del crecimiento económico de los últimos seis años y el 10% de los aportes a la seguridad social.
En cuanto a la situación laboral, el desempleo cayó por debajo del 10% a fines de 2025, y una parte significativa de los nuevos puestos fue ocupada por trabajadores extranjeros, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística.
La iniciativa también se inscribe en una estrategia de largo plazo para enfrentar el envejecimiento poblacional y la caída de la natalidad, que se redujo más del 25% desde 2014. España cuenta actualmente con 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones son extranjeros, y se estima que al comenzar 2025 había unos 840.000 inmigrantes en situación irregular, en su mayoría provenientes de América Latina.
El anuncio generó fuertes críticas de la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al gobierno de “premiar la ilegalidad”, mientras que desde Vox, Santiago Abascal calificó la medida como un “efecto llamada” y lanzó duras acusaciones contra el Ejecutivo.
En contraposición, organizaciones sociales y la Iglesia católica celebraron la decisión y la definieron como un acto de justicia social, destacando el impacto positivo que tendrá en miles de familias.
La última regularización masiva en España había tenido lugar en 2005, durante la gestión del entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, lo que refuerza el carácter excepcional de la medida aprobada ahora por el gobierno de Sánchez.
