El Gobierno de España se encamina a poner en marcha un nuevo proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas. La iniciativa será impulsada a través de un real decreto, mecanismo que le permite al Ejecutivo avanzar sin necesidad de convalidación parlamentaria.
La medida fue acordada entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que lidera el presidente Pedro Sánchez, y el espacio de izquierda Podemos. El anuncio fue confirmado luego de que la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, hiciera público el entendimiento entre ambas fuerzas.
Según lo previsto, podrán acceder a la regularización todas las personas que se encuentren en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia efectiva en el país. La acreditación podrá realizarse no solo mediante el empadronamiento municipal, sino también a través de otros documentos, como informes médicos, contratos de suministro de servicios o comprobantes de envío de dinero.
En el caso de los argentinos, los datos oficiales indican que alrededor de 415.000 residen actualmente en España de manera legal, y que el 44% cuenta con doble nacionalidad. No obstante, no existen cifras precisas sobre cuántos viven en situación irregular, aunque se estima que representan una proporción menor en comparación con otras nacionalidades latinoamericanas.
La admisión a trámite de la solicitud otorgará de forma inmediata una autorización de residencia y trabajo por el plazo de un año. Además, quedarán suspendidos los procesos de devolución, las órdenes de expulsión y las sanciones administrativas vinculadas a la falta de documentación o al trabajo sin permiso.
Una vez cumplido ese año, los beneficiarios podrán solicitar una autorización ordinaria de residencia conforme a lo establecido en el reglamento de extranjería.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalaron que el objetivo del real decreto es garantizar derechos y brindar seguridad jurídica a una realidad social ya existente. España ya implementó, desde la década del 80, al menos ocho procesos extraordinarios de regularización bajo gobiernos tanto socialistas como conservadores.
Según un informe reciente del centro de análisis Funcas, unas 840.000 personas viven actualmente en España en situación administrativa irregular, aunque esa cifra podría haberse reducido tras la última reforma del reglamento de extranjería, vigente desde mayo de 2025, que flexibilizó los mecanismos de regularización por arraigo.
El informe destaca que el 91% de los inmigrantes irregulares proviene del continente americano, con especial presencia de ciudadanos colombianos, peruanos y hondureños.
La iniciativa generó fuertes críticas desde la oposición. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó la política migratoria del Gobierno y acusó a Sánchez de impulsar la regularización para “desviar la atención” y generar un “efecto llamada”. En la misma línea, el titular de Vox, Santiago Abascal, calificó la medida como una “regularización masiva” que, según su postura, incentivará la inmigración irregular.
