El Tribunal Constitucional de Italia respaldó una reforma impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni que modifica de manera significativa el acceso a la ciudadanía italiana por descendencia, una medida que impacta directamente en miles de argentinos que aspiraban a obtener el pasaporte europeo.
La resolución judicial se conoció durante la primera de las cuatro audiencias previstas tras la promulgación de la ley en 2025, que había sido aprobada mediante un decreto del Ejecutivo italiano. Con esta decisión, el tribunal se alineó con la postura del Gobierno y avaló las restricciones introducidas al histórico principio de ius sanguinis (derecho de sangre), vigente durante más de 160 años.
Hasta ahora, la normativa permitía que descendientes de italianos de tercera o incluso cuarta generación pudieran tramitar la ciudadanía siempre que pudieran demostrar el vínculo familiar. Bajo ese esquema, cualquier persona que acreditara tener un ancestro italiano con vida después del 17 de marzo de 1861, fecha de la unificación italiana, podía iniciar el proceso.
Sin embargo, el nuevo marco legal reduce de manera drástica el alcance del beneficio. A partir de esta reforma, solo podrán solicitar la ciudadanía quienes sean descendientes directos de primera o segunda generación, es decir, hijos o nietos de ciudadanos italianos.
El tribunal explicó en un comunicado que consideró “parcialmente infundadas e inadmisibles las cuestiones de legitimidad constitucional” planteadas por el tribunal de Turín, que había cuestionado la normativa.
La nueva legislación también introduce condiciones más estrictas. Según el texto aprobado, la ciudadanía solo podrá reconocerse si el padre, madre, abuelo o abuela mantiene o mantenía exclusivamente la ciudadanía italiana al momento de su fallecimiento.
De esta manera, el gobierno italiano busca evitar la transmisión automática de la nacionalidad a personas nacidas en el extranjero que poseen otra ciudadanía, lo que en la práctica limita el acceso a quienes tenían vínculos familiares más lejanos con el país europeo.
La medida responde, según las autoridades italianas, a la necesidad de ordenar el sistema administrativo y reforzar controles, en medio de un fuerte aumento de solicitudes provenientes de países con gran cantidad de descendientes de inmigrantes italianos, como Argentina, Brasil y Uruguay.
Con este cambio, muchos descendientes que planeaban iniciar el trámite quedaron fuera de las nuevas condiciones, lo que genera preocupación entre miles de personas que veían en la ciudadanía italiana la posibilidad de residir o trabajar en Europa.
