El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió nuevos documentos vinculados a la investigación sobre el financista Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. Entre el material aparecen informes del FBI que contienen acusaciones no corroboradas que mencionan al presidente Donald Trump en un presunto episodio ocurrido hace varias décadas.
Los archivos incluyen reportes de interrogatorios realizados en 2019 a una mujer que afirmó haber conocido al entonces empresario en la década de 1980 a través de Epstein. Según su testimonio, en ese momento tenía entre 13 y 15 años.
De acuerdo con el relato registrado en los informes, la denunciante aseguró que durante un encuentro organizado por Epstein el mandatario habría intentado obligarla a practicarle sexo oral. La mujer sostuvo que reaccionó mordiéndolo, tras lo cual él la habría golpeado y ordenado que la retiraran de la habitación.
El material difundido reúne resúmenes de cuatro entrevistas realizadas entre julio y octubre de 2019, poco después de la detención del financista. En esas declaraciones, la mujer también indicó que Epstein había abusado de ella en varias oportunidades y que organizaba reuniones con otros hombres.
No obstante, los documentos no determinan si los investigadores consideraron creíble su relato. En una entrevista posterior, los agentes solicitaron más detalles sobre la supuesta interacción con Trump, pero la denunciante decidió no ampliar la información y dejó de colaborar con la investigación.
Desde el Departamento de Justicia señalaron que parte de estos documentos no se había hecho pública anteriormente porque había sido clasificada por error como material duplicado. Al mismo tiempo, advirtieron que los expedientes vinculados al caso Epstein contienen numerosas afirmaciones presentadas por particulares que podrían resultar falsas o sensacionalistas.
Tras la difusión de los archivos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó de manera contundente las acusaciones. En un comunicado afirmó que se trata de señalamientos sin fundamento ni pruebas creíbles y sostuvo que la denunciante cuenta con antecedentes delictivos.
La funcionaria también remarcó que el Departamento de Justicia ya conocía estas afirmaciones desde hacía varios años y no impulsó acciones judiciales al respecto.
En paralelo, el manejo de los archivos del caso volvió a generar tensiones en el Congreso estadounidense. Un comité legislativo votó citar a declarar a la fiscal general Pam Bondi para que explique cómo se gestionaron los expedientes, en una decisión que contó con respaldo de legisladores de ambos partidos.
