El pasado 15 de marzo, tres organizaciones de militares en la reserva presentaron una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por su presunta implicación en el delito de exterminio, contemplado en el artículo 7(b) del Estatuto de Roma de la CPI, como crimen de lesa humanidad. La acusación destaca que las acciones de ambos responsables han afectado principalmente al sector más vulnerable de la población venezolana: los ancianos, especialmente los militares retirados, sometidos a pensión o jubilación.
La denuncia, suscrita por el General de Brigada (EJ) Juan Antonio Herrera Betancourt, el General de División (EJ) Rafael Ángel Montero Revette y el Coronel (GN) Hidalgo Antonio Valero Briceño, líderes del Frente Institucional Militar (FIM), el Movimiento de Militares Retirados (MMR) y la Asociación Defensores Populares de la Nueva República (DPR) respectivamente, expone que el exterminio se ha llevado a cabo de manera sistemática, mediante políticas que han generado la destrucción social y económica de los militares retirados, dejándolos sin recursos para una vida digna.
Las organizaciones explican que la devaluación de la moneda y las políticas económicas implementadas por el gobierno han reducido drásticamente el poder adquisitivo, siendo la canasta básica para una familia de cinco personas superior a los 800 dólares mensuales, cifra que excede ampliamente el salario mínimo y las pensiones de jubilación actuales. "Cerca de ocho millones de venezolanos han emigrado en busca de mejores condiciones de vida", subrayan los oficiales en su denuncia, alertando sobre la posibilidad de que este éxodo masivo sea considerado un delito de lesa humanidad, según el artículo 7(d) del Estatuto de Roma, que establece el traslado forzoso de población.
Los firmantes de la denuncia hacen énfasis en que la falta de acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos es una estrategia deliberada de exterminio que afecta principalmente a los adultos mayores. También mencionan que, en los últimos años, se ha incrementado alarmantemente la tasa de suicidios y muertes por falta de atención médica, especialmente entre los militares retirados que, según afirman, "no tienen otra opción que morir debido a la negligencia del gobierno".
Además, la denuncia señala que las pensiones actuales de los militares retirados son inhumanas en comparación con las pensiones de otros países de América Latina y España. En 2001, un general de brigada retirado recibía una pensión equivalente a 1,700 dólares mensuales; hoy en día, esa cifra se ha reducido a solo 16 dólares, lo que genera una desigualdad insostenible y obliga a muchos a vivir en condiciones de extrema pobreza.
A través de esta denuncia, los militares en la reserva exigen que la Corte Penal Internacional abra un juicio contra Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López, solicitando que se tomen medidas urgentes, como la detención o comparecencia de los denunciados ante la CPI. La denuncia resalta que, si se demuestra la responsabilidad de los acusados, se estaría tratando de un crimen de lesa humanidad que afecta a millones de venezolanos, en particular a los más vulnerables, los militares retirados y la población de la tercera edad.
El llamado a la Corte Penal Internacional es claro: abrir un juicio y hacer justicia ante una situación que ha devastado a una parte significativa de la población venezolana, la cual vive una realidad de miseria y desamparo, sin esperanza de un futuro digno.
