El gobierno de Uruguay estudia incluir en el próximo proyecto de ley de Presupuesto un impuesto a la rentabilidad de los depósitos e inversiones en el exterior realizados por residentes del país, lo que ha generado alerta en los sectores político, económico y financiero. La propuesta impactaría sobre un capital estimado en 62.000 millones de dólares, equivalente a cerca del 79% del Producto Interno Bruto uruguayo en 2023, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La modificación considerada por el equipo económico, encabezado por Gabriel Oddone, busca ampliar el actual alcance del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), que desde la reforma tributaria de 2007 no grava las ganancias de capital generadas fuera del país por residentes uruguayos. Actualmente solo los intereses provenientes de depósitos en el exterior tributan IRPF, mientras que valoraciones, incrementos patrimoniales o rentas inmobiliarias quedan exentos.
El debate se intensificó tras la confirmación, divulgada por el semanario Búsqueda, de que el gobierno baraja incorporar la medida en la ley presupuestal que debe presentarse antes de fin de mes al Parlamento, en el marco de las primeras definiciones de la administración de Yamandú Orsi. El oficialismo considera que esta estrategia daría mayor posibilidad de aprobación parlamentaria teniendo en cuenta la resistencia que suele generar el tratamiento autónomo de cambios impositivos.
Sectores sindicales, como el PIT-CNT, llevan tiempo reclamando un mayor gravamen a los patrimonios elevados, específicamente al 1% más rico del país. El Frente Amplio, hoy en el gobierno, ya había considerado iniciativas similares, como el impuesto transitorio propuesto por el exministro Danilo Astori en 2021, que sugería una tasa del 2% sobre depósitos en el exterior durante la pandemia. Diversos legisladores y dirigentes sindicales sostienen que el cambio permitiría dotar al sistema impositivo de mayor progresividad y destinar recursos a políticas prioritarias, como las enfocadas en primera infancia.
Por su parte, representantes del sector financiero y empresarial expresaron preocupación sobre el posible efecto expulsivo de capitales y advertencias sobre la previsibilidad tributaria. El presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay, Pablo Montaldo, explicó ante Canal 12 que la decisión podría incentivar el traslado de inversiones a jurisdicciones extranjeras, dificultando la fiscalización fiscal y generando eventuales desincentivos a mantener grandes patrimonios en el país. El diputado Diego Echeverría advirtió que la sola discusión del impuesto representa “un golpe” a la certeza para quienes eligieron radicarse en lugares como Maldonado, y alertó sobre el posible efecto de pérdida de credibilidad y de empleo local al equiparar la medida con políticas tributarias de países vecinos.
