Acuerdo de precios en decenas de productos de la canasta básica, créditos y descuentos para beneficiarios de la Anses, una atenuación de las subas de los servicios públicos y beneficios para las pymes.
A ese paquete de medidas el presidente Mauricio Macri le sumará hoy el anuncio de un proyecto que utilizará para intentar apagar reclamos de opositores y, también, de las propias filas oficialistas: se trata de la reforma de la ley 22.802 de Lealtad Comercial, una norma vigente desde la dictadura, con la que se propone “proteger a las pymes” y regular la competencia desleal en el comercio.
La iniciativa apunta a desalentar prácticas desleales que afecten la competencia entre empresas. Más allá de que en el Gobierno se encargaron de aclarar que “no es sólo” para ese sector, por su naturaleza la ley tiene como eje central los controles de los supermercados.
Si bien se trata de un proyecto sobre el que el ministro de Producción, Dante Sica, venía trabajando desde el año pasado el Gobierno se decidió a darle impulso ahora.
Incluso sobrevoló la idea de que fuera por decreto, como gesto de autoridad del mandatario. A esta hora, la chance concreta es que sea enviado al Congreso, tras el anuncio presidencial.
La iniciativa terminó de pulirse en las últimas horas, contrarreloj y bajo un extremo hermetismo. “Había que actualizar una norma que está vigente de la dictadura. El objetivo no es castigar a nadie, sino garantizar la competencia honesta”, dijeron en la Casa Rosada.
Entre los ejes, se propone actualizar los mecanismos y los procedimientos de sanción.
La propuesta sancionará el incumplimiento de normas y la explotación de la situación de dependencia económica de proveedores y la fijación de precios por debajo del costo de producción, el denominado “dumping”, y la publicidad comparativa engañosa.
