Martín Guzmán, titular de la cartera de Economía, brindó esta mañana una conferencia de prensa en el Microcine del Palacio de Hacienda donde anunció el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva. El menaje que el Ejecutivo Nacional presentó para fundamentar el proyecto, es el siguiente:
"Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de remitir a su consideración el Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública. La elevación para el tratamiento de la presente ley encuentra justificación en la dramática situación económica y social que hoy atraviesa nuestro país.
La crisis se manifiesta en una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) que, entre los años 2015 y 2019, supera el 5%. En el mismo período, el PIB per cápita ha experimentado una reducción del 8%. El achicamiento de la economía, el fortísimo aumento del tipo de cambio -superior al 500% en el período mencionado- y una altísima inflación, han generado un incremento notorio de la pobreza que alcanza al 35% de la población. Por su parte, la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6%, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres. Siempre que la economía se resiente, las mujeres sufren con mayor crudeza. En este período, las tasas de interés se han vuelto prohibitivas para la producción al tiempo que han afectado el nivel de endeudamiento de las familias comprometiendo su sostenibilidad. Las tarifas de los servicios públicos, por su parte, han sufrido incrementos que han afectado severamente la viabilidad de la industria y del comercio, y también la vida de las familias.
A esto se suma el desorbitado crecimiento de la deuda pública que fue contraída en un breve período de tiempo y cuyo repago está comprometido en el corto plazo. Además, un porcentaje muy elevado de este endeudamiento ha sido contraído en moneda extranjera y, dado que esos fondos no fueron utilizados para ampliar o mejorar la capacidad productiva y exportadora del país, la REPÚBLICA ARGENTINA enfrenta severas dificultades para hacer frente a los vencimientos de estas obligaciones.
La dinámica descripta configura un escenario de depresión de la economía nacional que ha provocado un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social en vastos sectores de la población y un alejamiento de la aspiración colectiva de emprender el camino del desarrollo con justicia social.
La atención de estas realidades constituye un imperativo ético. Desterrar el hambre en la Argentina, reducir la desigualdad y volver a crecer, son el nuevo imperativo ético de nuestra época y la base para edificar una democracia sólida y sostenible en nuestro país que coadyuve también a recorrer un camino de fortalecimiento institucional y democrático en la región.
Es una tarea indelegable de un Estado democrático garantizar las libertades constitucionales y, al mismo tiempo, promover la igualdad. En atención a estos objetivos se hace necesario iniciar el camino de la reactivación productiva y para hacerlo debemos atender a una ética de la solidaridad como principio rector de las políticas públicas.
Construir un Estado que esté guiado por la ética de la solidaridad y el respeto de los derechos constitucionales, exige promover con políticas consistentes, la universalidad de los derechos sociales como el de acceso al alimento adecuado, a la educación, a la salud, a la vivienda y al desarrollo de una vida autónoma a partir de los ingresos del trabajo.
Para que estos principios puedan cumplirse, es fundamental estabilizar la economía y recuperar la consistencia macroeconómica. Eso nos permitirá retomar un sendero de crecimiento, volver a crear empleo y ofrecer a todas las personas que habitan nuestro territorio, la posibilidad de integrarse y desarrollarse dignamente. Para garantizar este camino de recuperación necesitamos mejorar los ingresos de las y los trabajadores y de las y los jubilados de menores ingresos, lo que permitirá dinamizar el mercado interno y generar un círculo virtuoso de producción y empleo. Esta recuperación deberá ser pausada, consistente y focalizada con el objetivo de mejorar, en primer término, la situación de aquellas y aquellos que han sido más perjudicados por la crisis.
Esta recuperación, sin embargo, no puede llevarse a cabo sin atender a la sostenibilidad fiscal. Por este motivo, en el presente proyecto se proponen una serie de modificaciones tributarias y la creación de nuevos impuestos orientados a garantizar un sendero fiscal sostenible que permitan mejorar la progresividad y la equidad, que incentiven el ahorro nacional y estimulen la producción.
El sistema impositivo no sólo debe ser eficaz en términos recaudatorios, además debe favorecer el desarrollo nacional con equidad, otorgándole mayor relevancia a los impuestos progresivos y fomentando la repatriación de capitales y el ahorro en instrumentos locales. En un país como el nuestro, en el que una parte significativa del ahorro se realiza en moneda extranjera, debemos generar los incentivos necesarios para canalizar ese ahorro hacia instrumentos de ahorro nacional. En este sentido se inscriben algunas de las medidas presentadas en este proyecto.
En el mismo orden de ideas, resulta procedente señalar que al asumir sus funciones esta administración, los límites contemplados por el ordenamiento vigente para la adquisición de títulos públicos por parte del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD se encontraban ampliamente superados, con lo que resulta imperioso adoptar las acciones necesarias tendientes a regularizar progresivamente tal circunstancia, en la medida en que el conjunto de decisiones a adoptar permita sortear la situación de emergencia.
Asimismo, un Estado guiado por el principio de la ética de la solidaridad debe instrumentar políticas de salud pública que atiendan al suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social y el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas y de enfermedades crónicas no transmisibles. También debe propender al pleno cumplimiento de la Ley N° 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación, con particular referencia a la situación de emergencia epidemiológica que atraviesa el país y la región, y procurar las prestaciones básicas de salud a los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS y del SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD.
Con la misma lógica vinculada a la ética de la solidaridad, es necesario revisar las relaciones entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y entre estas jurisdicciones entre sí. Nos encontramos con algunas regiones de nuestro país que presentan necesidades imperiosas en aspectos básicos de la vida, tales como la alimentación o la salud pública. En tanto, otras regiones del país, se encuentran en mejor situación para atender las demandas sociales. Es necesario que los poderes republicanos trabajen también para mitigar estas disparidades con el objetivo de reducir las diferencias entre regiones de una misma nación y promover un avance colectivo con mayor equidad.
El crecimiento con justicia distributiva será la llave para reconstruir el tejido social, recuperar el empleo y encaminarnos en un proceso de sostenibilidad de la deuda pública.
Tengo la firme decisión de trabajar para poner a la Argentina de pie y la convicción de que para ello es necesario iniciar un proceso de reactivación económica que implique una redistribución de los ingresos para posibilitar la asistencia a los sectores más vulnerados de la población, colaborar con la recuperación de la situación financiera de las empresas, diseñar una regulación tarifaria apoyada en criterios de equidad distributiva y sostenibilidad productiva, fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales, y, al mismo tiempo, generar las divisas necesarias para afrontar las obligaciones contraídas.
Por todo ello, es que vengo a proponer el presente proyecto de ley ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y solicitar su pronto tratamiento".
