La provincia de Córdoba es el tercer distrito con mayor cantidad de personas contagiadas y fallecidas por coronavirus, detrás de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, la cuarentena obligatoria para contener la pandemia, que fue prolongada hasta el domingo 26 de abril, probablemente sea extendida por el gobierno de Alberto Fernández, y no tendrá modificaciones en el territorio cordobés.
Hasta el momento, Córdoba contabiliza 266 casos confirmados de coronavirus y 10 fallecidos.
La provincia gobernada por Juan Schiaretti no figura entre las que gozarán de la cuarentena flexibilizada y se estima que en el nuevo anuncio del gobierno continúen las restricciones tal como se estaban cumpliendo.
De acuerdo a los últimos registros el transporte urbano en la Córdoba Capital mantiene una frecuencia de día sábado y los colectivos circulan, en promedio, cada veinte minutos.
Debido a la cantidad de usuarios y de unidades en funcionamiento se estableció que se ocupen todas las butacas de cada colectivo y solo se mantenga distancia con el chofer, indicó La Nación.
Los bancos funcionan en sus horarios habituales y para el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se sigue el lineamiento de la Anses de asignar días de acuerdo a la terminación del documento.
Para otras operaciones, como presentación de documentos, solitud de préstamos, apertura y gestiones de cuentas, operaciones en dólares, depósitos y extracciones se precisa un turno que se obtiene a través de las plataformas digitales de cada entidad.
Pese a que en otras provincias se autoriza el trabajo de abogados y contadores, en Córdoba un grupo de abogados penalistas presentará un pedido formal a Tribunal Superior de Justicia para retornar a sus actividades, con las medidas adecuadas de prevención.
En Córdoba, desde que comenzó el período de cuarentena, fueron detenidas 15.600 personas por violar la medida establecida por el Gobierno desde el 20 de marzo pasado. Debido a la cantidad de detenciones se creó una fiscalía especial que gestiona las causas vinculadas a los delitos de propagación del virus, violación del aislamiento y resistencia a la autoridad.
