El Gobierno habilitó ayer martes la feria fiscal para investigar a un pequeño grupo de contribuyentes que oculta al fisco más de U$S 2.600 millones en 950 cuentas radicadas fuera del país. Los dueños de los depósitos, cuyas identidades permanecen guardadas bajo cuatro llaves, podrían quedar alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales y hasta pagar penalidades.
La decisión fue tomada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) luego de cruzar información tributaria con los estados miembros de la OCDE. Las cuentas tienen un mínimo de un millón de dólares cada una y no fueron declaradas.
De esos contribuyentes, 700 no admitieron poseer activo alguno en el extranjero o directamente no presentaron liquidación de Bienes Personales como si no llegaran al mínimo para su pago.
Su situación tributaria será analizada ahora “entre el 27 de este mes y 10 de mayo del presente año, ambos inclusive, un nuevo período de feria fiscal extraordinario”, según decidió la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
De esta manera, la AFIP decidió habilitar la feria fiscal extraordinaria “para los procedimientos de fiscalización correspondientes a la información proporcionada a esta Administración Federal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial”, lo que ocurrirá en las próximas horas. El paquete con la información comenzó a ser analizado antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio por inspectores de la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP, con el objetivo original de ampliar la base imponible del impuesto a los Bienes Personales, el único tributo vigente que grava la riqueza.
