El Gobierno rebajó las condiciones exigidas para recibir asistencia estatal en medio de la pandemia por el coronavirus y desde ahora unas 9.000 compañías de todo tamaño podrán incorporarse al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y a través de este percibir una asignación compensatoria que permitirá cubrir los salarios de más de 400.000 trabajadores en relación de dependencia que cumplían funciones en dichas empresas hasta que el pasado 20 de marzo entró en vigencia el aislamiento social.
Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, junto a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, homologaron el acuerdo al que llegaron en la penúltima reunión del “comité ATP”, que hace seguimiento semanal a las condiciones exigidas a diversos sectores para encontrar auxilio al rojo al que fueron llevadas por la emergencia sanitaria.
El acta incorpora a los beneficiarios de la cobertura salarial a empresas con más de 800 empleados, que de momento estaban vedadas de pedir el sostenimiento estatal, y a la vez modifica las condiciones para incluir a las pequeñas y medianas empresas creadas menos de un año atrás respecto de la fecha que la AFIP analiza para efectivamente verificar que hayan sufrido una “sustancial reducción de su facturación”.
La decisión se conoció el mismo día en que la Anses confirmó que ya abonó el aporte al salario a 1.200.000 empleados, y mientras avanzan las gestiones desde varias carteras para alcanzar a la mitad de la masa salarial registrada, calculada en unos 3 millones de personas. Desde ahora, las compañías de los sectores identificados en crisis podrán percibir el salario complementario si su facturación nominal creció hasta 5% entre marzo y abril pasado, en términos interanuales. Contemplando la inflación del período, la caída real en los ingresos equivaldría al 30%. Si bien el comité analizó extender los beneficios a aquellas con crecimiento nulo en la facturación, el nuevo “techo” permite la validación de empresas que emplean a unas 125.000 personas. Para las sociedades de corta vida en el mercado, el período de análisis fue movido a noviembre-diciembre de 2019.
