El programa Precios Máximos será prorrogado por 60 días, es decir, regirá hasta finales de agosto. La decisión de la Secretaría de Comercio, a cargo de Paula Español, se publicará hoy en el Boletín Oficial.
La extensión del congelamiento de precios fue muy resistida por parte de la industria alimenticia, que había mandado listas de aumentos para aplicar en julio y ahora deberá mantener cajoneadas.
La novedad de esta prórroga es que la Secretaría de Comercio evaluará si autoriza subas puntuales en función del análisis de la estructura de costos de las empresas. Precios Máximos fue lanzado junto con el comienzo de la cuarentena, el 19 de marzo.
Tuvo un primer plazo de vigencia de treinta días y se fue extendiendo en la medida en que lo hizo el aislamiento social obligatorio. El congelamiento de precios se prorrogó primero hasta el 20 de mayo y luego hasta el 30 de junio, es decir, vencía ayer.
El programa obliga a los supermercados y los grandes mayoristas a vender a precios del 6 de marzo.
Por fuera de ese universo, los comercios de barrio y supermercados chinos tienen un margen para aumentar. Si bien allí hay subas, el congelamiento en las grandes cadenas pone un techo a la inflación del rubro.
De cara a un julio muy duro en el área metropolitana de Buenos Aires, a raíz del endurecimiento de la cuarentena y las consecuencias que ello trae en materia de trabajo e ingresos para millones de personas, la secretaria de Comercio, Paula Español, decidió una nueva prórroga de Precios Máximos, esta vez por sesenta días.
Hay tres argumentos principales que usa el Gobierno para justificar la extensión del programa. El primero es que hay un fuerte deterioro de las condiciones sociales a causa del derrumbe de la actividad económica y que, en este contexto, es prioritario tomar las medidas necesarias para moderar lo más posible la baja del poder adquisitivo de los hogares. El segundo argumento consiste en que la cuarentena impide a los consumidores circular libremente para comparar precios. En tercer lugar, las autoridades advierten que el actual nivel de consumo popular se explica en una parte en el propio gasto del Estado, que paga parte de los salarios a través del ATP y transfiere dinero con el IFE.
