Mauricio Macri quedó envuelto en un escándalo luego de que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunciara que el organismo espió de manera ilegal a 403 periodistas que se acreditaron para cubrir la Cumbre del G20 que se realizó a fines de 2018 en Buenos Aires. Los permisos de los periodistas debían ser presentados ante las autoridades del Palacio San Martín para poder retirar sus credenciales para la cumbre, la información suministrada por los periodistas pasó sorpresivamente al edificio cerca de la Casa Rosada donde tiene su sede la AFI.
En el Juzgado Federal 11 de la Capital Federal, que tiene a su cargo las investigaciones, se encuentra un escrito enviado por parte de Verónica Ressia y su abogado Dr. Hugo López Carribero, solicitando al juez que se recabe la información tendiente a identificar al personal de Cancillería involucrado en el caso. No se descarta la imputación de personal jerárquico de la cancillería macrista, así como tampoco de su propio ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie, “toda vez que podría ser considerado partícipe necesario del espionaje prohibido”
En el expediente se encuentra información suministrada a la justicia por la actual AFI, información a la que el juez dispuso la prohibición de su reproducción, duplicación y/o divulgación, ya sea a través de medios técnicos y/o humanos.
Es por ello que se establece que las actividades de inteligencia, el personal afectado en las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia, llevarán la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación.
“El acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el presidente de la Nación o el funcionario en quien se delegue expresamente tal facultad”, recalcó el Dr. López Carribero.
