Para el Congreso de la Nación, entre los años 2015 y 2019, el Poder Ejecutivo montó una matriz de espionaje ilegal con fines políticos que utilizó recursos e instituciones del Estado para llevar adelante un “plan sistemático” como “método de dominación y extorsión” a adversarios políticos y empresarios.
El dictamen de la mayoría oficialista de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, bajo el acápite “Estado mafioso”, plasmó lapidarias conclusiones acerca del desempeño del Gobierno de Mauricio Macri.
Pero lo que resultó de mayor impacto es la cifra de víctimas de esas maniobras: 307 víctimas directas confirmadas (a través de distintos casos judiciales que vieron la luz en diferentes células dedicadas al espionaje estatal y paraestatal); 43 intervenciones de servicios de inteligencia en causas penales en tan sólo los primeros 12 meses de gestión.
"Eso está absolutamente probado. Algunos de ellos son figura públicas notorias, como Cristina Kirchner, y otros dirigentes políticos. Pero otras fueron a organizaciones no gubernamentales", aseguró el diputado del Frente de Todos y titular de la Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, en conferencia de prensa desde el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso.
El titular de la Bicameral de Inteligencia explicó que se "se montó un Estado paralelo, clandestino y secreto, un modo sistemático de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del Estado" para llevar adelante el espionaje ilegal sobre 307 ciudadanos y 170 organizaciones políticas, gremiales, comunitarias y religiosas han sido víctimas de ese espionaje ilegal" durante el gobierno de Cambiemos.
La comisión emitió un dictamen de mayoría con las firmas de los diputados Eduardo Valdés, Blanca Osuna, Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, y los senadores Claudio Doñate, Gerardo Montenegro, Oscar Parrilli y Sergio Leavy. En tanto, la oposición suscribió un despacho de minoría avalado por el diputado del PRO, Cristian Ritondo, su par Sebastián García de Luca; el radical, José Cano y la senadora de la UCR, Pamela Verasay.
Durante varios meses, la comisión recogió testimonios para investigar el espionaje durante el macrismo y, a fines de diciembre, le presentó a la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, un informe crítico sobre el manejo de la Corte y del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, sobre la oficina de las escuchas.
Fuentes parlamentarias adelantaron que serán las autoridades de las Cámaras quienes deberán definir si ese informe puede servir para cuestiones administrativas o la presentación de una denuncia o incluso el pedido de juicio político.
Durante varios meses, la comisión recogió testimonios y documentos que confirman el espionaje ilegal efectuado durante el macrismo.
