El caso de Lucía Pérez (16), cuyo femicidio conmocionó a la sociedad en 2016, hoy abre nuevas posibilidades en el caso, por un lado el nuevo juicio que ordenó la Suprema Corte de Justicia Bonaerense para juzgar, de nuevo, a los tres sospechosos del abuso sexual y asesinato de la adolescente. Por otro, la acusación por mal desempeño contra los jueces Tribunal Oral Criminal N°1 de Mar del Plata que absolvieron a los acusados en el primer debate. Precisamente, este martes dos de los magistrados fueron suspendidos para ser sometidos a un jury, en una decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En la audiencia realizada esta mañana, y que fue presidida por la magistrada de la Suprema Corte Bonaerense Hilda Kogan, se hizo lugar a la acusación contra los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en noviembre de 2018 absolvieron a Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Maciel (62) acusados del femicidio de Lucía, resolución que el año pasado fue revocada por la Cámara de Casación.
Además, a los dos magistrados se les retendrá el 40 por ciento del sueldo. El tercer integrante el tribunal, Aldo Carnevale, decidió jubilarse en 2019 y esquivar, así, las sospechas sobre su accionar. Ahora, con la suspensión provisoria de los jueces, deberán presentarse las respectivas pruebas para dar inicio al debate público, cuya fecha aún no fue dispuesta, para establecer si se los destituye o no de sus cargos.
El fallo que dictaron -y por el que llegan a juicio- es uno de los ejemplos a los que se apunta cuando se habla de “justicia patriarcal”. En su veredicto, al condenar a dos de los tres acusados por suministro de drogas a una menor de edad, los jueces dijeron que no había existido ni violación ni feminicidio.
Por unanimidad, este martes se decidió declarar admisible el juicio. Antes, en una resolución dividida, también se rechazó la recusación de la jueza Hilda Kogan, ministra de la Suprema Corte bonaerense, como presidenta del jury, señalaron las fuentes consultadas por Infobae. Algunos de los legisladores que integran el jurado podrían cambiar de cara al recambio legislativo que se concretará a partir del 10 de diciembre.
La familia de la víctima celebró la noticia. Confían en que podrá concretarse la destitución de los magistrados. “Lucía no tuvo ningún derecho. Los jueces no respondieron a ningún derecho de Lucía”, dijo a radio Provincia Marta Montero, madre de Lucía, que estuvo en las afueras de la legislatura esperando la sustanciación de la audiencia.
A partir de ahora, se abre un proceso de pruebas: los jueces cuestionados tendrán la posibilidad de justificar su proceder y los acusadores de sostener las denuncia por mal desempeño. A los jueces Gómez Urso y Viñas se les achaca haber dictado un fallo “incompatible” con el derecho internacional de los derechos humanos y la falta de “perspectiva de género en el juzgamiento de delitos sexuales”.
Además, se les reprocha no haber considerado que “la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada, lejos de ajustarse a derecho, evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores”.
