El Gobierno encara esta semana una negociación decisiva en la búsqueda de cerrar un acuerdo con el FMI antes de fin de año. Para eso, cinco funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central tendrán encuentros clave con los técnicos del organismo que comanda Kristalina Georgieva. Serán días de intercambios en los que no faltarán idas y vueltas sobre los planes para contener el dólar, la inflación y el déficit fiscal.
Esos parámetros son el eje de la discusión que determinará el sendero para la economía del país en los próximos años, y que se contendrán en el plan plurianual que llegará al Congreso. La administración de Alberto Fernández insiste que el acuerdo no implicará ajuste, aunque diversos economistas consideran que esa opción no será posible.
Mientras avanza la revisión del préstamo stand-by que derivó en la deuda por US$44.000 millones adquirida por el gobierno de Macri, que la gestión de Alberto Fernández califica como “fallido”, se espera que el directorio ejecutivo del Fondo analice si quita o no las sobretasas que le cobra al país por haberle prestado por encima de su capacidad como miembro. Además, la jefa del FMI salió a aclarar que resta “trabajo por hacer” para anunciar el entendimiento con la Argentina.
Qué puede exigirle el FMI al Gobierno para cerrar el nuevo acuerdo por la deuda
Aunque las partes que negocian no revelaron la agenda de las conversaciones, las condiciones del FMI para un programa suelen ser similares. Al menos eso es lo que consideran la mayoría de los economistas. Por eso, creen que habrá una decena de condicionamientos, algunos de cumplimiento inmediato y otros con fechas previstas, a la Argentina para poder firmar el acuerdo de facilidades extendidas, que tiene un plazo máximo de 10 años y algo más de 4 años de gracia.
En ese sentido, desde GMA Capital plantearon que las recetas clásicas que pueden ser parte del nuevo entendimiento. “Que sea más flexible que en los años ‘80 o ‘90, no significa que el tratamiento sea condescendiente con su principal deudor”.
Así sintetizan las exigencias que podría enfrentar la Argentina de acuerdo con los últimos programas de facilidades extendidas que el FMI firmó: con Ecuador en 2020, con Pakistán en 2019 y con Angola en 2018. Son cuatro grandes ejes, a saber:
Políticas fiscales
Baja del déficit fiscal mediante:
Aumento de impuestos;
Reducción del gasto público, vía subsidios económicos (tarifas); gasto previsional, salarios públicos.
Políticas monetarias
Suba de la tasa de interés;
Límite al financiamiento del Tesoro vía Banco Central.
Políticas cambiarias
Reducción de la brecha entre el dólar oficial y el blue;
Acumulación de reservas internacionales
Reformas estructurales
Tributaria;
Previsional;
Laboral;
del Mercado de Capitales.
Si bien esas son las condicionalidades que el FMI suele repetir en sus distintos programas, varios economistas creen que la magnitud de la deuda, y el daño que puede hacer a ambos negociadores un eventual default, pueden dar lugar a que las reformas estructurales no sean de requerimiento inmediato.
Otros consideran que también el ajuste en el déficit fiscal sería gradual a tres o cuatro años. Si hay consenso en que el camino para reducir el gasto público pasará por la disminución de los subsidios, sobre todo a la energía, con la aplicación de las tarifas segmentadas.
El gradualismo también diría presente para la obligación de acortar la brecha cambiaria: Argentina mira el caso Islandia como parámetro exitoso de un acuerdo con el FMI que incluyó cepo al dólar.
Qué falta para cerrar el acuerdo con el FMI
La misión que llegó a Washington no tiene capacidad de cerrar el acuerdo, pero sí de avanzar en la “letra chica” del nuevo programa. La Argentina busca un Acuerdo de Facilidades Extendidas, cuyo plazo máximo es de una década.
En la reunión de la semana pasada con la CGT, Guzmán confirmó que apunta a llegar a un acuerdo pronto para empezar a pagar recién en 2026, por lo que se espera un período de gracia de cuatro años. (TN)
