La Iglesia emitió un comunicado en el que repudió los incidentes de violencia ocurridos en la provincia de Jujuy en el contexto de las protestas por la reforma constitucional. Durante una sesión en la Legislatura de la provincia, en la que participó el gobernador Gerardo Morales y se juró por la nueva Constitución, se produjo un ataque a la Legislatura por parte de manifestantes. En respuesta a estos hechos, la Prelatura de Humahuaca, a través de la Pastoral Aborigen y la Pastoral Social, hizo un llamado a la pacificación social y al diálogo.
La Iglesia manifestó su acompañamiento a los reclamos de diversos sectores de la sociedad, en particular de las comunidades originarias. Destacaron la importancia del diálogo como mecanismo para buscar soluciones a los conflictos y expresaron su rechazo a la confrontación y la violencia, instando a no recurrir a estos medios en la búsqueda de soluciones.
En el comunicado, la Iglesia convocó a todos los sectores de la sociedad, incluyendo gobernantes, dirigentes políticos y sociales, a apostar por la pacificación social y convocarse al diálogo. Hicieron hincapié en la importancia de establecer la convivencia y la paz social, más allá de los intereses políticos o sectoriales.
La Iglesia también repudió cualquier forma de confrontación, violencia y atropello a la libertad y dignidad de las personas. En un momento crítico, reafirmaron su creencia en el diálogo como principio de solución a los problemas y conflictos, y llamaron a toda la comunidad jujeña a contribuir en la pacificación de la provincia.
Este comunicado de la Iglesia se suma a los llamados de otros organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a detener la violencia y fomentar el diálogo en Jujuy.
Ante la situación que se está viviendo en la provincia de Jujuy a raíz de las decisiones políticas del gobernador Gerardo Morales, en particular por el avance de la reforma de la Constitución provincial, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), organismo de la Iglesia Católica, dio a conocer una declaración titulada “Jujuy: una reforma a fuerza de balas”, en la que se señala que “a espaldas de las Comunidades Indígenas” el gobierno provincial avanza en una reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy “vulnerando derechos y garantías constitucionales, así como compromisos asumidos por el país a nivel internacional”. Por su parte, la Comisión Nacional de Justicia y Paz, dependiente de la Conferencia Episcopal, hizo un pedido para que "se convoque a todos los jujeños y jujeñas a participar en un diálogo paciente y ordenado acerca de sus normas y que el resultado de ese diálogo sea sometido a un plebiscito vinculante".
En su documento, que lleva la firma de Rodolfo Fernández como coordinador nacional, ENDEPA sostiene que “un proceso que debiera vivirse como una fiesta democrática, realizarse de cara al pueblo, escuchando todas las voces, garantizando el disenso y amplificando la participación de todos los sectores; se desarrolla de un modo cerrado, oscuro, apresurado, inconsulto y recurriendo a las fuerzas de seguridad para imponerse a toda costa y sin ninguna consideración a las posibles consecuencias, lo cual lo tornó en absolutamente ilegítimo”.
El obispo jujeño se pronunció invitando al “diálogo sincero entre las autoridades y los distintos grupos de hermanos y hermanas que se encuentran en conflicto”. La Comisión de Justicia y Paz respaldó el llamado de Fernández al diálogo, recordó que "la participación es un deber de todos" y que, según la doctrina social de la Iglesia, "no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social, dada su importancia para el crecimiento".
"Consideramos que toda persona que habita nuestra Patria puede y debe participar", sostiene Justicia y Paz en su pronunciamiento. "En este caso se trata de la Constitución que regirá la comunidad jujeña en su desarrollo y desenvolvimiento y consideramos legítimo que quienes están en desacuerdo con normas incluidas en esa Constitución reclamen ser escuchados", agrega el texto.
En su declaración, ENDEPA repudió “todo intento de imponer una reforma constitucional provincial sin consulta previa a las comunidades indígenas y con violencia hacia cualquier sector de la ciudadanía que se manifieste en contra”. Denuncia también que “durante estos días se ha vivido un clima de extrema gravedad institucional” configurado por una situación que se describe como “comunidades indígenas reclamando en defensa de sus derechos y el Estado enviando sus fuerzas para repeler cualquier atisbo de oposición”. En el texto se señala “la falta de diálogo de las autoridades provinciales” y se recuerda que “las comunidades indígenas de Jujuy hoy reclaman por la falta de consulta a nivel constitucional, pero desde hace años lo vienen haciendo por el acceso a sus derechos territoriales, por el agua, por la contaminación en sus territorios, por las deficiencias en el sistema de salud y educación, por la discriminación constante y el racismo que permea a todas las estructuras públicas, incluidos los tres poderes del Estado”.
Entre otros considerandos ENDEPA pide que se de “fiel cumplimiento al texto constitucional y a los tratados internacionales” recordando que el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) “impone a los Estados la obligación de realizar el proceso de consulta previa a las Comunidades Indígenas respecto de toda medida administrativa o legislativa que pudiera afectarles, debiendo realizarse de buena fe, a través de mecanismos adecuados culturalmente y mediante las instituciones representativas, entre otros estándares”. Según el organismo católico este proceso ha estado “absolutamente ausente en esta reforma constitucional jujeña”.
Por todo lo anterior se demanda al Gobierno de Jujuy una “apertura al diálogo con las Comunidades Indígenas en esa provincia y una reflexión en torno a las posibles consecuencias que podría acarrear la aprobación de manera ilegítima de este nuevo texto constitucional”, entendiendo que “la violencia y la represión nunca son el camino” y que, “por el contrario la escucha atenta al pueblo, la apertura a construir de una manera inclusiva y la empatía con la situación de los sectores más desfavorecidos son herramientas para destrabar la grave situación que atraviesa la provincia y avanzar en la restitución de la armonía y la paz social”.
Por su parte el obispo Fernández recordó también que “la paz es fruto de la justicia” y que “procurar la justicia es una tarea que nos compromete a todos día tras día, conforme a las responsabilidades que tenemos cada uno, sean gobernantes o ciudadanos”, entendiendo que “siempre se está a tiempo de recomenzar y volver a generar consensos en los que todos nos sintamos verdaderamente incluidos”.
