El oficialismo consiguió este martes dictamen de mayoría para que el proyecto de blanqueo de capitales pueda ser discutido en el recinto de la Cámara de Diputados en las próximas semanas. El Gobierno planteó que la iniciativa implica una serie de beneficios para quienes tengan activos no declarados, al tomar en consideración que dentro de un mes, aseguran en el equipo económico, el Poder Ejecutivo comenzará a recibir información masiva del acuerdo fiscal firmado con los Estados Unidos y que está vigente desde principios de este año.
Respecto a este último punto, aseguraron que el 30 de septiembre tendrá lugar la llegada de la primera partida de datos masiva por parte de la IRS de los Estados Unidos. Hasta el momento la AFIP solo podía acceder a información por individuo o por grupo, de manera puntual, a pedido del fisco. De todas formas, habrá un tiempo de procesamiento de esa información que, para algunos casos, puede ir desde los 6 a 9 meses.
Según estimaciones oficiales en base a información del sistema financiero norteamericano, la base imponible potencial es de USD 90.000 millones, de los cuales la Argentina podría tener acceso en su completitud en un plazo de “entre 3 y 4 años”, estimaron desde un despacho oficial.
Por otra parte, aseguraron que el acuerdo fiscal con Estados Unidos no depende, para su puesta en marcha, de la aprobación del proyecto de blanqueo que se está discutiendo en el Congreso. De todas formas, hay una opción para evitar que la información de los activos no declarados en ese país puedan ser exteriorizados.
El proyecto, que desde ayer quedó en condiciones de ser abordado por el plenario, estipula un blanqueo que comprendería a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco. Entre las condiciones generales se encuentra que tendrá una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días desde la entrada en vigencia de la iniciativa.
Luego de ese lapso pagarán una tasa del 10% durante otros cuatro meses y pagarán un 20% hasta el fin de vigencia de la ley de 360 días. Por otro lado, la principal novedad respecto a otros esquemas de exteriorización es que se establecerá un “régimen simplificado” con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera.
Para eso habrá algunos limitantes: el monto no deberá superar el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos tres períodos fiscales y con un tope de hasta 50.000 dólares. Por otra parte, quedarán excluidos de este esquema particular quienes hayan sido objetivo del pago del impuesto a la riqueza.
Para acceder al régimen, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado.
Se entenderá por repatriación de bienes cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren; el que no podrá ser inferior al 10 por ciento.
Según aseguran en el equipo económico, algunos países tienen vigentes regímenes similares al blanqueo que busca poner en marcha el Gobierno, entre ellos los Estados Unidos, Sudáfrica, Malasia y Grecia.
