Un tribunal federal ordenó confiscar un patrimonio valorado en $684.990.350.139,86, cifra récord en una causa de corrupción en Argentina.
La medida, dictada el 18 de noviembre de 2025, abarca a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, quienes figuran como titulares de bienes que, según el fallo, habrían participado en un circuito delictivo o se habrían beneficiado indirectamente de él.
En una sentencia firme emitida en junio de 2025 se había determinado un decomiso inicial de poco más de $84.800 millones. Sin embargo, tras un ajuste contable realizado por peritos oficiales, fiscales y contadores, el tribunal actualizó la cifra a su valor final.
Al no recibir respuesta tras los requerimientos formales, los magistrados avanzaron con la incautación. Para esto aplicaron un criterio técnico para calcular la depreciación y el valor real de los bienes inmuebles y otras operaciones analizadas.
Los bienes alcanzados por la medida no solo pertenecen a Báez y sus empresas, sino también a propiedades que habrían sido transferidas, permutadas o vendidas por Cristina Kirchner y su difunto esposo Néstor al círculo de Báez. Entre esos activos se encuentran un lote en Río Gallegos, una quinta en El Calafate, al menos nueve inmuebles en Santa Cruz y participaciones en hoteles (como Los Sauces) y en empresas vinculadas a Hotesur SA.
Para los jueces, esas operaciones formaban parte de un mismo flujo económico que permitió que la maniobra ilegal redundara en beneficios patrimoniales para los involucrados.
Además, el tribunal dejó abierta la posibilidad de ejecutar otros bienes de exfuncionarios, como Nelson Periotti y José López, si los activos decomisados inicialmente no alcanzaran a cubrir la totalidad del monto fijado.
En su resolución, los magistrados apuntan que la incautación también puede recaer sobre bienes transformados, sustituidos o mezclados con activos legales, siempre que exista una vinculación razonable con la actividad criminal. Asimismo, aclararon que los sobreseimientos previos obtenidos en otras causas por Cristina Kirchner no obstan a esta medida, ya que la herramienta procesal elegida tiene como propósito evitar que el delito genere beneficios.
