La construcción en Salta atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años. En apenas 14 meses, más de 6.500 puestos de trabajo formales se perdieron como consecuencia directa del recorte en la obra pública nacional, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La situación, que afecta a unas 300 empresas, refleja una caída sostenida del sector desde mediados de 2023.
El impacto de la paralización de obras viales, educativas, sanitarias y de viviendas se siente en todo el país. La Cámara Argentina de la Construcción advirtió que ya se contabilizan cerca de 100 mil empleos perdidos a nivel nacional, a la espera de la reactivación de proyectos discontinuados.
En este contexto, el presidente de la Cámara Salteña de la Construcción, Juan Carlos Segura, trazó un diagnóstico alarmante. “Si la Nación no gira los fondos para las obras que se necesitan en la provincia, la situación va a seguir siendo caótica y desesperante. Lamentablemente nos encontramos así desde que asumió Milei y no veo un futuro promisorio”, expresó ayer en diálogo con Radio Salta.
Segura señaló que la actividad privada mantiene niveles estables, pero el desplome en la obra pública es contundente. “Con todos los esfuerzos que le pone la Provincia, no logra repuntar. Creo que el segundo semestre va a ser igual”, anticipó.
El Estudio de Opinión Construya (EOC), elaborado por el grupo de empresas líderes del sector, reveló que siete de cada diez compañías experimentaron caídas en su actividad del 5, 10 y hasta más del 20% en el último año. En Salta, el 44% de las 506 constructoras encuestadas reportó una caída superior al 20%, el 15% sufrió bajas de entre el 10 y el 20%, y el 10% consignó pérdidas menores al 10%.
Una de las pocas iniciativas que permitieron mantener cierta actividad fue el traspaso de algunas obras de viviendas al ámbito provincial. A través del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), la Provincia retomó la construcción de 1.170 departamentos y dúplex inconclusos en la zona norte de la capital. Sin embargo, Segura advirtió que se trata de una solución provisoria: “Es pan de hoy y hambre de mañana”, sentenció.
El empresario también recordó que hay más de 800 unidades habitacionales paralizadas en el interior salteño, que formaban parte de convenios con financiamiento nacional y que hoy siguen sin fecha de reactivación.
Las obras de infraestructura vial, escolar y de salud incluidas en los acuerdos firmados en junio de 2024 también están en suspenso. Tras una reunión en marzo con el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, el gobernador Gustavo Sáenz destacó que entre los compromisos asumidos figuraban proyectos estratégicos como la reparación de las rutas nacionales 9/34, entre Metán y Rosario de la Frontera, la ruta 40 en los Valles Calchaquíes y la ruta 51 en la Puna salteña.
Uno de los pocos avances fue la reactivación, en abril, del nuevo puente y la circunvalación de Vaqueros, aunque muchas otras obras clave siguen en pausa.
Mientras tanto, miles de trabajadores de la construcción, que dependen de la obra pública para sostener sus hogares, siguen esperando respuestas. Y la industria, considerada históricamente motor del empleo y del desarrollo, permanece estancada en una de sus peores crisis recientes.
