El Gobierno de Javier Milei ha anunciado la suspensión y apertura de sumario a 196 cooperativas de trabajo, señalando presuntas irregularidades en su funcionamiento. La medida fue tomada por el Ministerio de Capital Humano a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y en su comunicado apuntó particularmente contra el Movimiento Evita.
A pesar de que las cooperativas de trabajo representan el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) y generan aproximadamente 350 mil empleos, el Gobierno mantiene su ofensiva contra ellas desde el inicio de su gestión. Consultado al respecto, el Ministerio no brindó el listado completo de las asociaciones afectadas.
Los argumentos oficiales
Según el comunicado oficial, de las 196 cooperativas suspendidas, 158 fueron constituidas con el mínimo de tres a cinco integrantes, una condición permitida desde 2021 pero modificada en diciembre de 2024 por el INAES, eliminando esa posibilidad. El organismo justificó la medida señalando que la creación de varias cooperativas con pocos integrantes, objetos sociales diversos y ubicaciones distantes "supone con alto grado de certeza que fácticamente resultarán inviables".
El documento también alega que algunas personas habrían constituido cooperativas sin intención real de trabajar en ellas, sino con fines que podrían implicar "la desvirtuación de la figura de cooperativa de trabajo y hasta el fraude de la misma". Como ejemplo, menciona el caso de Emilce Aguirre, dirigente del Movimiento Evita en Berazategui, quien habría fundado 14 cooperativas, y cuyo hermano, Matías Aguirre, es referente del movimiento en ese distrito.
Vinculación con el Movimiento Evita
El comunicado del Ministerio hace hincapié en la supuesta conexión entre el Movimiento Evita y las cooperativas en cuestión. Según la información oficial, cuatro de las cooperativas fundadas por Emilce Aguirre tienen domicilio en un local del Movimiento Evita en Avenida 14 n.º 4452 (entre calles 144 y 145) en Berazategui, mientras que otras cuatro están registradas en calle 21 n.º 2615, esquina calle 126, otra sede de la organización en la misma localidad.
El anuncio generó fuertes críticas desde sectores cooperativistas y organizaciones sociales, que denuncian una persecución política y un intento de desmantelar la economía social. En contraste, el Gobierno sostiene que la medida busca erradicar presuntas irregularidades y garantizar la transparencia en el sector.
