El Gobierno nacional ha reducido la edad mínima para iniciar el proceso de tenencia legal de armas a los 18 años, según lo establecido en el Decreto 1081/2024, publicado en el Boletín Oficial. La medida ha generado un intenso debate entre especialistas, organismos de control y la sociedad en general sobre las implicancias de esta decisión.
Qué establece el nuevo decreto
La normativa modifica la reglamentación de la Ley 20.249, permitiendo que los mayores de 18 años obtengan la Credencial de Legítimo Usuario (CLU), un requisito para poseer armas de fuego. Antes de este cambio, la edad mínima para iniciar el trámite era de 21 años.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó la medida argumentando: "A los 16 años tienen derecho a votar. A los 18 años pueden ir a la guerra, formar una familia o ser miembros de una fuerza de seguridad. Entonces, ¿por qué no podrían ser legítimos usuarios o portadores de un arma?". Bullrich también señaló que la normativa actualizaba una ley que consideraba "obsoleta" y la alineaba con la Reforma del Código Civil de 2015, que fijó la mayoría de edad en los 18 años.
Es importante destacar que la modificación no incluye la portación de armas, que seguirá estando limitada a miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La portación implica llevar un arma cargada y lista para uso en espacios públicos, mientras que la tenencia habilita solo para conservarla descargada en un domicilio o utilizarla en actividades como caza o tiro deportivo.
El impacto según especialistas
El cambio ha generado críticas entre los especialistas en seguridad y control de armas. Martín Angerosa, de la Red Argentina para el Desarme, advirtió sobre los riesgos de ampliar el mercado legal de armas, señalando que podría incrementar tanto los suicidios como las muertes por armas de fuego. “El 30% de los suicidios en varones de entre 18 y 24 años son con armas de fuego. Ampliar el mercado legal también incrementa el mercado ilegal, porque este último se nutre del primero”, explicó.
Por su parte, María Pía Devoto, directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP), destacó el riesgo simbólico de la medida en un contexto social cargado de discursos de odio e intolerancia. “Es legitimar la violencia. Aunque las armas puedan conseguirse de manera ilegal, el mensaje del Estado al habilitar a los jóvenes es alarmante”, señaló.
Qué dicen los datos
Entre enero de 2022 y mayo de 2024, se registraron 185.535 personas con CLU en Argentina, de las cuales el 9,1% tenía entre 18 y 30 años. Además, el 95% de los legítimos usuarios eran hombres.
En cuanto a la tenencia, el siguiente paso tras la obtención de la CLU, hubo 167.960 casos aprobados entre 2022 y mayo de 2024. Sin embargo, la portación de armas es más restringida: solo 46.990 personas cuentan con este permiso, y el 70% de las autorizaciones están vencidas.
Riesgos en la población joven
Diversos estudios internacionales refuerzan las preocupaciones. Según un informe sobre suicidios adolescentes, el acceso a armas de fuego en el hogar aumenta significativamente el riesgo de suicidios. En América Latina, el 80% de los homicidios de jóvenes entre 10 y 19 años se cometen con armas de fuego, según el estudio Juvenicidio armado de la criminóloga Alejandra Otamendi.
La reducción de la edad mínima para la tenencia de armas plantea interrogantes sobre los riesgos sociales y la capacidad del Estado para controlar su uso responsable. Mientras el Gobierno defiende la medida como una actualización legislativa, los especialistas alertan sobre sus posibles consecuencias negativas, especialmente en jóvenes que podrían estar más expuestos a la violencia y el suicidio. El debate continúa, y con él, la necesidad de evaluar si la medida fortalece o debilita la seguridad en el país.
Con información de Chequeado
