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El País

A 11 años de la muerte de Nisman: Sin pruebas y con la mira en la fiscal Fein

A más de una década del hallazgo del cuerpo del fiscal Alberto Nisman en su departamento de las Torres Le Parc. Un hecho que sacudió a todo el país.

A más de una década del hecho que conmocionó al país, la causa judicial atraviesa un momento de alta tensión política y judicial, marcada por la ausencia de pruebas directas de un homicidio y una polémica estrategia para mantener el expediente abierto.

A pesar de que las pericias iniciales del Cuerpo Médico Forense, la Junta Médica y la Junta Criminalística concluyeron que el fiscal se disparó a sí mismo sin la presencia de terceros en el baño, la justicia federal —encabezada por el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini— insiste en la hipótesis de un "comando" magnicida.

Los puntos clave

El sector judicial y mediático que cuestiona la tesis del asesinato se apoya en evidencias físicas presentes en el expediente:

  • La declaración de la madre de Nisman, Sara Garfunkel, confirmó que la puerta de servicio estaba cerrada por dentro. No pudo ingresar su propia llave porque otra llave obstruía la cerradura desde el interior.
  • Los criminalistas determinaron que la sangre cayó de forma uniforme hacia los cuatro costados, lo que indica que no había nadie junto al fiscal al momento del disparo que pudiera haber interferido en la caída de las manchas hemáticas.
  • De las 101 cámaras del complejo, 80 estaban operativas y ninguna registró el ingreso o egreso de personas sospechosas en el piso o el edificio.
La nueva ofensiva

Ante la falta de avances sobre los supuestos autores materiales, la fiscalía ha girado su estrategia hacia quienes investigaron el hecho originalmente. El próximo 24 de febrero será un día clave:

Indagatoria a Viviana Fein: La fiscal original del caso, hoy jubilada, ha sido citada a declarar como imputada. Se le acusa de no haber preservado correctamente la escena del crimen durante la madrugada del 18 de enero de 2015.

La "trama militar"

En un esfuerzo por encontrar una conexión con el área de inteligencia de la gestión kirchnerista, la justicia citó a declarar a 300 efectivos de Inteligencia del Ejército que cumplían funciones en 2015.

Según trascendió, entre los citados tuvo que declarar personal civil, incluyendo una camarera que servía café en el edificio Libertador y un cocinero.

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