Al cumplirse un año de la represión que dejó gravemente herido al fotorreportero Pablo Grillo frente al Congreso, la causa judicial registró un avance clave: se confirmó el procesamiento del gendarme acusado de efectuar el disparo que le provocó lesiones graves, aunque la familia reclama avanzar sobre los responsables políticos.
El 3 de marzo pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento del cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero, señalado como quien disparó una granada de gas lacrimógeno durante la marcha en defensa de los jubilados del 12 de marzo de 2025. El proyectil impactó en la cabeza de Grillo, provocándole hematomas subdurales, fractura expuesta de cráneo y una herida contusa compleja en la zona frontal del rostro, lesiones que requirieron meses de recuperación y rehabilitación.
En la investigación se determinó que Guerrero efectuó al menos seis disparos con una pistola lanzagases de forma horizontal, apuntando hacia los manifestantes, lo que está expresamente prohibido por los protocolos de uso de este armamento. Uno de esos proyectiles fue el que golpeó al fotógrafo.
El gendarme está procesado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función como integrante de una fuerza de seguridad, imputación que quedó firme tras el fallo de Casación y acerca el expediente a la etapa de juicio oral.
La familia pide avanzar sobre los mandos y responsables políticos
La querella, impulsada por la familia de Grillo, insiste en ampliar la investigación hacia la cadena de mandos del operativo. Entre los nombres señalados están los gendarmes Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, que estuvieron cerca de Guerrero y no intervinieron para impedir los disparos. Incluso en las imágenes del operativo se observa a Kozak indicándole hacia dónde apuntar y dándole una palmada en el hombro tras el disparo.
También se pidió investigar al comisario inspector de la Policía Federal Gerardo Ariel Perillo Scampini; al jefe del Destacamento Móvil 6 de Gendarmería, Néstor Germán López; y al alférez Gonzalo Gabriel Goulart, encargado de impartir órdenes a los gendarmes durante el operativo.
La querella incluyó en su reclamo al entonces director nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni, quien estuvo presente tras la llegada del SAME y no detuvo el operativo a pesar de conocer la gravedad de lo ocurrido.
En el plano político, la familia exige que la investigación alcance a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien señalan como responsable del operativo y de haber ordenado cerrar la investigación interna sobre el gendarme.
Fabián Grillo, padre del fotógrafo, sostuvo este jueves en declaraciones a C5N: “Los responsables políticos deben dar cuenta ante la justicia. Los que están juzgados son simples manos ejecutoras, pero debería investigarse a los mandos y responsables políticos”.
“El objetivo de la causa excede la reparación individual: la justicia no va a mejorar la salud de Pablo, pero sí permitirá que no vuelva a ocurrir un hecho similar”, agregó.
