La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su preocupación por el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso que propone la derogación total de la Ley N.º 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal.
A través de un comunicado institucional, la entidad sostuvo que la norma no solo regula la colocación de sellos de advertencia en los envases de alimentos, sino que también establece restricciones a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, promueve entornos escolares saludables y fija criterios nutricionales para las compras realizadas por el Estado.
Desde ADPRA advirtieron que la eliminación de la ley sin la implementación de un régimen alternativo generaría un vacío normativo en materia de protección de consumidores y salud pública.
La organización recordó además que la ley fue aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso tras un extenso debate que incluyó la participación de especialistas, representantes de la industria alimentaria y organizaciones de la sociedad civil.
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En el documento, las Defensorías destacaron que el etiquetado frontal constituye una herramienta fundamental para garantizar el derecho de los consumidores a recibir información clara y veraz sobre los productos alimenticios que adquieren, especialmente en sectores con mayores niveles de vulnerabilidad social y educativa.
Asimismo, remarcaron que la normativa brinda protección específica a niños y adolescentes frente a estrategias de marketing vinculadas a productos ultraprocesados, en línea con los compromisos asumidos por el Estado argentino a través de la Convención sobre los Derechos del Niño.
ADPRA también señaló que la prevención de enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada, como obesidad, diabetes, hipertensión y patologías cardiovasculares, representa una política pública eficiente desde el punto de vista sanitario y económico, ya que reduce costos futuros para el sistema de salud.
En ese sentido, la entidad consideró que la derogación de la ley podría entrar en conflicto con el principio de no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales reconocido en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Finalmente, las Defensorías del Pueblo exhortaron al Congreso Nacional a rechazar el proyecto de derogación y reclamaron que cualquier modificación en materia de alimentación saludable sea debatida de manera amplia, participativa y respaldada por evidencia científica, garantizando la continuidad o ampliación de los niveles de protección actualmente vigentes.
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